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La Comunidad Cueva del Inca recibió una notificación judicial sobre un pedido de una medida cautelar que presentó una familia que reclama como propias las tierras que ocupan los integrantes de la Comunidad en cercanías de Tilcara. Hace poco más de un mes, y luego de una serie de protestas que incluyeron una huelga de hambre, la comunidad había logrado que se levantara una cautelar anterior, y sus integrantes ya estaban trabajando en las obras que hasta entonces no habían podido realizar. Ahora se espera la resolución de la jueza Alejandra Díaz Caballero sobre el nuevo pedido.
En este contexto, la Comunidad denuncia hostigamiento judicial e «incontables atropellos» para que no puedan ejercer sus derechos. Son un centenar de familias, unas 300 personas, y la comunidad sigue creciendo por la formación de nuevas familias jóvenes.
«El 13 de diciembre pasado, después de intensas jornadas de lucha, la Comunidad logró levantar la medida cautelar que prohibía realizar obras que permiten mejorar las condiciones de vida de las familias de Cueva del Inca», recuerdan en un comunicado.
Así fue que empezaron a realizar mejoras en sus viviendas y en su espacio, a pesar de enfrentar «un constante hostigamiento por parte de la policía y de civiles contratados para ese fin, que va desde impedir el paso de vehículos con materiales de construcción, tratar de que no se realicen trabajos en la comunidad, insultos, golpes, calumnias contra miembros de la comunidad», aseguran.
«A pesar de esta situación la comunidad continúa trabajando, resiste y se mantiene firme luchando por sus derechos», agregan.
Ahora, frente a la nueva notificación sobre un nuevo pedido de una medida cautelar, advierten que la Comundiad «se encuentra en mayor alerta para ver cómo se resuelve este nuevo intento de prohibición judicial y de atropello a sus derechos».
«La comunidad dice basta de hostigamiento a los que viven y luchan por una vida digna en el territorio», concluyen.
