Aportes truchos en Buenos Aires: el informe de la Cámara Nacional Electoral

Por Alejandra Dandan, en El cohete a la luna. La Cámara Nacional Electoral emitió el primer dictamen sobre el financiamiento de campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires del 13 de agosto de 2017, es decir, las elecciones primarias para las legislativas de octubre. No aprobó el balance. Y aunque no sea vinculante es la primera radiografía con datos estructurados en la que aparecen algunos datos importantes.

El informe confirma el uso y monto de plata no bancarizada: circuló en efectivo 95 por ciento de los 22 millones de pesos de aportes privados, de una campaña con un total de 29 millones declarados. Y, además, señala tres tipos de patrones de aportes sospechosos: directivos y empleados de empresas privadas, por lo general contratistas del Estado en una línea semejante a 2015; monotributistas con categorías de la A a la D que aportan más de 30 por ciento de sus ingresos y, por ultimo, monotributistas sociales: aquí están aquellos beneficiarios de planes sociales a partir de los cuales se iniciaron las primeras investigaciones penales de aportes truchos. En ese caso, el informe limpia los datos dispersos para consolidar un listado por ahora de 209 personas con aportes que oscilan entre 700 y 1.500 pesos por persona.

Como sucede con cada proceso eleccionario, la Cámara envió el informe al juzgado con competencia electoral de la jurisdicción, en este caso el juzgado de Adolfo Gabino Ziulu en La Plata donde se inicia un proceso sin consecuencias penales. Por un lado, dirige preguntas al espacio político sobre los datos para corregir y por otro, sugiere al juzgado algunas investigaciones como entre monotributistas. Cambiemos podría recibir una sanción económica de quita de aportes del Estado o inhabilitación a ocupar cargos públicos sus dirigentes,  como ocurrió después de un largo proceso con Miguel Del Sel en Santa Fe, línea que podría preocupar al partido gobernante.

Lo más interesante sin embargo no es todo eso. Sino lo que está diciendo esta primera inmersión en los datos acerca de un mecanismo desbocado que sin dudas es todavía más profundo. Los tres patrones de sospechas relevados por la Cámara Electoral no son los únicos puntos oscuros de la última campaña. A través de investigaciones de distintos periodistas y denuncias particulares, estos meses salieron a la luz candidatos y funcionarios que están en las listas pero negaron haber hecho aportes. Y hay personas que han concurrido a tomar un curso a ONGs asociada a Cambiemos, que luego han visto sus nombres en el listado de aportes. Esos patrones no están en el informe. Pero hay más. La Cámara advierte de varias maneras que los datos extraídos y denunciados son una selección de un universo que anticipan puede ser más grande. Es decir, que la lista de relaciones entre personas y empresas -aportes prohibidos por la Ley 26.215- podría ser mayor y lo mismo sucede con los monotributistas.

Es decir, hasta ahora la Cámara Electoral estableció tres patrones y elaboró tres listados con una objeción por un monto total de 3.822.175 pesos de los 29.467.867 declarados por el sello Cambiemos Buenos Aires. Esos 3.822.175 millones representan 17 por ciento del aporte privado de 22.290.550$, de los cuales, como se dijo, 95 por ciento provino de dinero no-bancarizado. Dado que esos números surgen del primer filtro de la Cámara pero no tienen en cuenta ni 1) el resto de los patrones ni 2) todos los cruces posibles en el caso de empresas y monotributistas, el porcentaje sospechoso seguramente es todavía más grande. ¿Pero cuánto? ¿Es posible que pueda establecerse que con el 95 por ciento del dinero no bancarizado sucedió lo mismo?

De lo que estamos hablando, por último, es de lo que se llama dinero blanco. Lo que los partidos políticos declaran a la Justicia Electoral. ¿De dónde viene el dinero cuyo origen se desconoce? La ley prohíbe tanto el aporte de empresas a partidos políticos como el aporte de capital extranjero. Por eso, el contexto multiplica preguntas. ¿Cuanto es lavado de dinero? ¿Quién aporta? ¿Hay ingreso de dinero off shore? ¿Hay otras estructuras poniendo dinero en las redes a trolles u otras entidades? ¿Qué herramientas tiene la Justicia Electoral ante un informe como el del parlamento inglés que asegura que aquí trabajaron equipos expertos en manipulación e ingeniera de datos con espías o ex espías a sueldo de vaya a saberse quién? ¿Qué servicios pueden brindar los gigantes de la web ante pedidos de información, si esta vez, como señalan en la Cámara, apenas han logrado cruzar un par de conversaciones con Google, Facebook y Twitter, todavía sin ningún éxito?

Además de la justicia electoral, dos juzgados penales trabajan en la investigación por los fondos. Uno en Comodoro Py a cargo de Sebastián Casanello y otro en La Plata a cargo de Ernesto Kreplak. Ahí declararon esta semana los denunciantes del barrio Villa Itatí de Quilmes beneficiarios de planes sociales que aparecen con aportes que no hicieron, dato que surgió de la extraordinaria investigación del periodista Juan Amorín de El Destape. Estas personas también denunciaron haber sido reportadas falsamente como afiliadas del PRO. Kreplac investiga ahora los hechos para determinar la materialidad, pero sabiendo que lo que deberá investigar probablemente es el lavado de dinero, como explica Luis Alen en calidad de abogado por la querella de los vecinos de Quilmes. El agujero de la financiación de las campañas electorales que, con el acceso al aparato del Estado, parece en este caso completamente desbocada.

Las empresas

La nómina de aportes sospechos de personas vinculadas a empresas reúne 41 nombres que mantienen algún vinculo o en el directorio o como empleados de empresas privadas, muchas de las cuales tienen además relación con el Estado. Esto no es nuevo. Ocurrió en 2015. En este caso, el monto total alcanza un valor de 838.200 pesos. Los aportes individuales oscilan entre 5.750 y 135.000, pero cuando se computa el total aportado por un sólo grupo empresario, los valores alcanzan la cifra de 540 mil pesos como sucede con la suma de cuatro aportes de Sinteplast SA.

“Se procedió a analizar selectivamente a las personas físicas aportantes, a efectos de establecer su posible vinculación, en carácter de propietario o autoridad, con las empresas y/o entidades mencionadas en el Art. 15 y/o Art.44bis” de la ley mencionada, señala el informe. “Utilizando para ello los elementos disponibles, consistentes en buscadores de internet e información obrante en esta sede. De dicho análisis selectivo, surge que los siguientes aportantes podrían estar encuadrados en alguna de las prohibiciones establecidas por la normativa vigente, a saber:

Un mínimo trabajo de análisis, permite ver que muchos ya fueron aportantes en 2015, denunciados por esta misma situación; que hay empresas vinculadas a higiene urbana, a autopistas urbanas, a mobiliario urbano y comunicación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como el caso de quién preparó la gráfica de la Policía Metropolitana. Vuelve a aparecer la agencia de seguridad Murata SA denunciada por los aprietes a los trabajadores del INTA, en cuyo directorio está el comisario exonerado Roberto Reglewski. También aparecen inversores de Vaca Muerta, empresas mixtas de la provincia de Buenos Aires y Publicidad Sarmiento SA, el grupo del corredor mendocino Orly Terranova, que no es Terranova como dijo el director de El Cohete: “No es Terranova, es Nicky Caputo, es decir: Macri” en El otro diario. Aquí algunos ejemplos:

• Centrales de la Costa Atlántica S.A., empresa de capitales mixtos de generación de energía para el mercado mayorista que abastece la demanda de electricidad en la costa. Aportó 16.500.
• Autopistas Urbanas SA aparece con un aporte de 35.500, entre los aportantes figura su presidente: Carlos María Frugoni.
• Loma Negra: su director Sergio Damian Faifman aportó 23.250.
• Petrolera El Trébol S.A (PETSA), subsidiaria argentina de la suiza Mercuria es una de las socias de Phoenix Global Resources para desarrollar Vaca Muerta, tanto en Neuquén como en Mendoza. Aportan dos integrantes por un total de 45.000 pesos.
• Publicidad Sarmiento S.A. En 2015, aparecían aportando el director Santiago Terranova, el jefe de locaciones Raúl Menéndez y el jefe de publicidad Oscar Contreras. El monto era de 150 mil pesos en total. Ahora, la Cámara lista sólo a Contreras y Laura Alejandra Cantiago con un aporte total de 26.500, mínima parte de aquellos valores.
• Murata SA de seguridad, cuatro integrantes por 33.000 pesos.
• Marítima Heinlein SA, cuatro integrantes entre los que está su presidente aportan en total 33.000 pesos.
• Oscar Scorza Equipos y Servicios S.R.L es una firma cordobesa conocida como Econovo ya relevada por una investigación de 2015. Provee camiones de residuos en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires. Este año, la municipalidad de Concepción del Uruguay se disponía a comprarles un equipo. Si cada camión vale un millón de pesos, el aporte es una ganga: cuatro integrantes de la empresa aportaron 50 mil pesos.

Como queda a la vista, los aportes son llamativos. No por lo que muestran. O no sólo por eso. Por un lado, hay datos que hablan de estandarización: entre los 41 aportantes, 16 aportaron exactamente 8.250 pesos. Pero el dato interesante es que parecen montos mucho más bajos que en 2015: como lo muestra el aporte del grupo Sarmiento, la ultima contribución fue varias veces mas baja. Tal vez una pista sólida para buscar una respuesta que explique por qué mientras esos valores bajan, crecen aportes de monotributistas sociales que denuncian no haber aportado.

Los monotributistas

El dictamen cruzó datos de la AFIP para determinar los otros dos universos: entre los monotributistas categoría A, B, C y D encontró 133 aportes por 2.722.150 pesos sospechosos porque superan 30 por ciento de la facturación anual prevista para cada categoría. Y el universo de monotributistas sociales: 209 beneficiarios por un aporte de 261.825 con valores de entre 700 y 1.500 pesos.

Sobre el primer universo, el dictamen hace una aclaración: “Lo detallado en el cuadro no constituye una observación a subsanar, sino una información a V.S. para que, en caso de considerarlo necesario, tome las medidas que estime procedentes. No obstante ello, se ha tomado una muestra del citado listado, para efectuar la confirmación del aporte realizado. Al respecto, véase lo indicado en el punto 2.2.3.6. de este informe”. En ese sentido, sugieren que el magistrado convoque a una parte de la lista mediante la aplicación del procedimiento denominado “obtención de confirmaciones directas de terceros”. Proponen que cite y pregunte a las personas si hubo “consentimiento del aporte privado realizado a la agrupación de autos con motivo de la campaña electoral, con un cuestionario como el siguiente”.

Lo mismo para monotributistas sociales. Pero en ese eje, aclaran que el relevamiento probablamente sea parcial: “Cabe señalar, que es opinión del suscrito que tratándose de personas que reciben algún tipo de beneficio social por parte del Estado Nacional o estén inscriptos en el Monotributo Social en la que podrían ser también beneficiarios de tales programas, resulta llamativo, aún siendo individualmente de poca cuantía, que realicen aportes a una agrupación política. El listado anteriormente expuesto corresponde a una parcialidad del total de aportantes, destacándose que según fuentes periodísticas, además de los mencionados en el cuadro precedente, existirían otros aportantes que serían beneficiarios de planes sociales (Argentina Trabaja, Ellas Hacen, Asignación Universal por Hijo, etc). Asimismo, en las mencionadas fuentes se indica que muchas de las personas declaradas en el informe rechazan haber realizado el aporte informado”. En esa lista está Noemí Viera, por ejemplo, una de las primeras denunciantes.

El cuerpo de auditores está integrado por siete personas con poca estructura para un trabajo cada vez mas complejo. Se trata, como se dijo, de dinero blanco. Pero el blanco supone el negro: la existencia de otro cúmulo que no se declara. ¿Cuánto? Parte de ese dinero negro es capturado por otras investigaciones de la Cámara electoral, via estudios alternativos y pedidos a consultoras que hacen estudio en vía pública, medios y redes sociales. Intentan saber si una campaña cuesta lo que efectivamente dicen los responsables de presentar los balances. Esos datos podrían servir para estructurar el segundo mapa de dinero: valores mas reales acerca de cuánto se inyectó en la campaña. Un dato que la auditoría relevó en esa dirección es el gasto en publicidad en redes sociales e internet. Los partidos tienen prohibido hacer publicidad en radio y televisión. No así en las redes. Uno de los indicadores para dimensionar el crecimiento es que la publicidad en ese rubro pasó de 5% en 2011 a 35% en 2017.

Cambiemos Buenos Aires informó gastos en concepto de Propaganda en Redes Sociales/Internet por un importe de $ 17.000.000 sin proporcionar un detalle sobre la composición del gasto, según el informe. La inexistencia de este detalle impide el control y el cruce con la información provista por el auditor de medios, señalan.

Pablo Secchi de Poder Ciudadano dice que estos datos no son nuevos, sino que lo nuevo en todo caso es que está hablando de un partido que venía a proponer transparencia. Y que hay un seguimiento del tema que lo mantiene vigente; que ojalá continúe por la salud del sistema. Pero también dice algo sobre los candidatos: Graciela Ocaña, Esteban Bullrich, Gladys Gonzalez o María Eugenia Vidal pueden decir qué no sabían nada de eso. ¿Pero es cierto? Si no preguntaron de dónde salía el dinero que llevó a los tanques de la industria a manejar su campaña, son seres irresponsables. Y si lo sabían, dice Secchi, entonces son cómplices.