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Gastón Remy, dirigente y apoderado del PTS- FIT, fue notificado de una denuncia iniciada por la policía que lo acusa de los delitos de “portación ilegal de armas, efectuar explosiones, lanzar proyectiles y alterar el orden y la circulación vehicular”. Los hechos se vinculan con la protesta que se realizó en el inicio de las sesiones legislativas en abril de 2018.
En esa movilización, la izquierda se manifestó junto a otras organizaciones sociales, sindicatos y estudiantes contra las políticas de ajuste del gobierno de Cambiemos.
Durante la apertura de las sesiones ordinarias, Gerardo Morales dio un discurso defendiendo el cierre de escuelas, la venta y despidos en el Ingenio La Esperanza y el Plan Estratégico de Salud, mientras afuera se desataba una feroz represión.
La denuncia contra el PTS – Frente de Izquierda y en particular contra el docente universitario de Ciencias Económicas, Gastón Remy, se suma a la persecución sufrida bajo las mismas contravenciones al diputado provincial del Partido Obrero, Iñaki Aldasoro.
Diez meses después citan a los referentes de la izquierda, avasallando fueros parlamentarios, para acusarlos por «portación de armas», «alterar el orden», «obstaculizar el tránsito» etc.
El diputado Alejandro Vilca (PTS-FIT), denunció que “se trata de una denuncia es bochornosa porque el mismo código contravencional establece en su Art. 52. que ‘la acción para perseguir faltas prescribirá a los seis (6) meses’, es decir, el tiempo para armar esta causa ya habría transcurrido. Una causa sin pies ni cabeza, aunque dentro del régimen policíaco de Gerardo Morales todo puede ser.”
Otras organizaciones y sindicatos que participaron de aquella movilización también están siendo criminalizados. «Estamos ante un nuevo mensaje antidemocrático de Gerardo Morales para acallar a la oposición política, utilizando como herramienta el Código Contravencional votado por el PJ y la UCR», denunció Remy.
«Ya vimos el uso del Código por este régimen policíaco en el juicio contravencional contra los estudiantes que reclamaban contra el cierre de los CEIJA, hecho por el que había sido detenida la concejala Andrea Gutiérrez del PTS-Frente de Izquierda y el abogado Héctor Huespe. La acusación continúa contra dos estudiantes, un referente sindical y Valentina Melo, estudiante de la UNJu y militantes del PTS», agregó el dirigente.
Ante ello, Remy aseguró que «no nos van a amedrentar, junto a mis compañeros Alejandro Vilca y Natalia Morales acompañamos cada una de las luchas de trabajadores, estudiantes y las mujeres y lo vamos a seguir haciendo, aunque a Gerardo Morales no le guste. Su política represiva tiene denuncias en organismos internacionales de DDHH y arman causas con policías infiltrados como demostramos en el juicio contravencional de Valentina Melo. Debemos tirar abajo todas las causas contra luchadores y derogar el nefasto código contravencional que solo sirve para criminalizar la protesta y perseguir a la juventud».
