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Por Irina Hauser en Página|12. Tenía la certeza de que lo seguían, que lo vigilaban y que en los celulares de los gendarmes había mensajes enviados por su pareja en plena búsqueda de su hermano Santiago, pero lo que Sergio Maldonado recién supo ayer es que su teléfono estuvo intervenido entre el 5 y el 30 de septiembre del año pasado por una orden del juez Guido Otranto, que todavía tenía a cargo la causa por la desaparición, de la que fue apartado por parcialidad.
Durante todo ese tiempo, fueron grabadas sus conversaciones privadas y también las de tres testigos, entre ellos Ariel Garzi, el amigo del tatuador que intentó comunicarse con él cuando no lo hallaban tras la represión de Gendarmería a la Comunidad Pu Lof de Cushamen el 1 de agosto último.
Las escuchas fueron ordenadas en el trámite del habeas corpus, es decir, en el expediente de la búsqueda de Santiago Maldonado, y sólo pueden ser entendidas como una investigación sobre la víctima y su familia (también víctimas) y los testigos y una intromisión en sus vidas. Todo quedó al descubierto en una resolución del juez que ahora tiene a cargo del caso, Gustavo Lleral, quien declaró nulas las pinchaduras y mandó a destruir todos los registros y archivos que existan producto de esas intervenciones, que calificó como “inconstitucionales”, “ilegítimas”, “inconducentes” y “desproporcionadas”.
“En lugar de intervenir los teléfonos de los gendarmes, de Pablo Noceti (por entonces jefe de Gabinete de Ministerio de Seguridad) y otras tantas personas a las que se debió investigar, me investigaron a mí. Al juez le interesó saber con quién hablaba yo y qué decía, pero no le interesó reunirse conmigo o escucharme y tener la delicadeza de preguntarme quién era Santiago. Estuvo 45 días buscando a una persona de la que no sabía ni cuánto medía o pesaba. Ahora lo que se confirma es que hubo espionaje y que tenían acceso de primera mano a mis conversaciones privadas”, le dijo Sergio Maldonado a PáginaI12.
La abogada de la familia, Verónica Heredia, advirtió que la fiscal Silvina Avila, que sigue interviniendo en la causa, “debería ser apartada porque fue ella quien pidió las escuchas que luego Otranto ordenó”. “Nunca investigaron la desaparición forzada, como pedimos, sino a la víctima y a los testigos”, señaló.
La abogada relató a este diario que había observado en el expediente que el juez Otranto le reclamaba por escrito a Lleral cierto material que no terminaba de comprender qué era. A pesar de que fue apartado por la Cámara de Comodoro Rivadavia, ese juez sigue interviniendo en algunas causas que están emparentadas con la principal sobre la desaparición y la muerte de Santiago. Un grupo de ellas fueron iniciadas por denuncias del Ministerio de Seguridad y la Gendarmería contra testigos de la comunidad mapuche y Garzi, el amigo de Maldonado, y los abogados que llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Fernando Cabaleiro y Carlos González Quintana. Según surge de la propia resolución de Lleral, lo que su colega Otranto le pedía eran las escuchas telefónicas que había ordenado el año pasado, y que Lleral hizo cesar el 30 de septiembre. Como no se las enviaba, se las hizo pedir a través de la Cámara hace menos de un mes. Al parecer, era para utilizarlas en la investigación impulsada por el Gobierno que, como dijo varias veces la ministra Patricia Bullrich, considera que la Gendarmería no es responsable de la persecución a los tiros que hizo al irrumpir de manera ilegal territorio que habita la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen, como consecuencia de la cual murió Santiago.
Lo primero que contestó Lleral a la Cámara, el 26 de abril pasado, fue que se estaban violentando el “mandato de reserva” que se le debe dar a este tipo de pruebas y deslizó que podría tratarse de una intromisión a su independencia de acción. El domingo último, casualmente o no tanto, el diario La Nación publicó un nota que anunciaba que había escuchas ordenadas en septiembre pasado que podían “poner en duda” testimonios del caso en la causa iniciada por el Gobierno, y transcribía una conversación entre Garzi y el abogado Cabaleiro. Se deduce que son las escuchas que Lleral se negó a entregar. Un dato notable es que la respuesta de Lleral a la Cámara se dirige al presidente de ese tribunal, Javier Leal de Ibarra, que es el número dos de la Dirección que se ocupa de las captaciones telefónicas en la Corte Suprema.
Lleral, finalmente, firmó ayer la resolución que dispone declarar la nulidad de las escuchas a las líneas de teléfono a nombre de Sergio Maldonado, Ariel Garzi, Claudina Pilquiman (la mamá de Lucas, uno de los testigos cuestionados por el Gobierno, conocido como “testigo E”) y Marcela Anarda Stocovaz. También indica la destrucción de todas las grabaciones y transcripciones o documentos en todos los soportes que haya realizado la oficina de escuchas.
El texto del juez es lapidario respecto de la actuación de su antecesor en la causa y la fiscal Avila, a quienes acusa de haber cometido un acto totalmente contrario a la Constitución y el derecho a la intimidad al mandar a escuchar al hermano de la persona desaparecida, que se estaba buscando en ese momento y fue hallada sin vida el 17 de octubre, y a los testigos. Sólo se podría interceptar comunicaciones de los imputados -señala Lleral– como último recurso si no hay otras formas de recoger prueba y cotejar un hecho que se presume como delictivo. Pero para colmo sostiene que las escuchas son incompatibles con la esencia de un expediente de habeas corpus, que no es un proceso penal sino de búsqueda. Dice el texto:
– “Ninguna de las personas cuyas comunicaciones telefónicas fueron judicialmente intervenidas revestía el carácter de imputada o sospechosa”, y si hubiese sido así “debió haberse dispuesto la iniciación de una investigación penal para determinar la existencia de los hechos supuestamente ilícitos que le daban sustento”.
– El proceso de habeas corpus “es abiertamente incompatible con la violación de los derechos fundamentales de los testigos y, sobre todo, del hermano de la víctima”.
– “Resulta evidente que la interceptación de las comunicaciones telefónicas a Sergio Maldonado y otros testigos, no era el último recurso disponible. En otras palabras, la invasión de la privacidad del hermano de la víctima no era la única opción disponible, ni siquiera la adecuada, cuando en verdad había otras alternativas para lograr la recolección de datos e informaciones conducentes al hallazgo de Santiago Maldonado”. Luego dice Lleral, que si Otranto sabía que las personas a quienes les intervino el teléfono podían aportar información debió convocarlos como testigos “medida elemental que hubiera resultado menos revictiminizante” y más “conducente para el objetivo. Y recuerda que “para nuestro ordenamiento legal” el hermano de la víctima también es víctima.
El juez concluye que “todo accionar de los órganos del Estado tiene como límite infranqueable al hombre y a sus derechos esenciales, que no pueden por ninguna razón verse afectados por medidas desproporcionadas, inconducentes e ilegítimas, como ha sucedido”.
Culpar a la víctima y despegar a la Gendarmería ha sido el mecanismo permanente aplicado por el Gobierno en este caso desde los inicios, que promovió toda clase de teorías sobre Santiago: que estaba en Chile, o que se había ido a otra provincia, que había herido a un puestero de Benetton, entre otras tantas, rebatidas por la aparición del cuerpo sin vida en el Río Chubut, que la ministra Bullrich usa para alegar que si murió por ahogamiento no hay responsabilidad estatal, como si fuesen cuestiones excluyentes. A lo que se suman campañas contra los testigos y operaciones de prensa contra la familia por el dinero que recibe para solventar viajes y trámites vinculados con el expediente.
El espionaje a la familia y a los organismos de derechos humanos y abogados que colaboran con ella había sido denunciada ya en el fuero federal por la legisladora Myriam Bregman (PTS-FIT), que se constituyó en querellante y relató seguimientos a Sergio y su pareja, Andrea; la propia Bregman tuvo encuentros con ellos donde eran seguidos por personas que se sentaban a escucharlos en un bar, en la mesa de al lado; Sergio relató circunstancias tales como estar en un hotel en Buenos Aires y que desde la habitación contigua se escuchara fuerte a alguien hablar de lo que su compañera había dicho en el discurso. A lo que se sumaron comunicaciones entre los teléfonos de los gendarmes que fueron secuestrados en la causa donde se hacía referencias a los movimientos de la familia en los días en que buscaban a Santiago, además de reenviar mensajes que habían sido enviados por la pareja de Sergio. Bregman y Sergio Maldonado plantean claramente que son seguimientos de Gendarmería, con responsabilidad del Ministerio de Seguridad, y por eso pelearon para que la causa quedara en el fuero federal porteño, donde finalmente la instruye Daniel Rafecas. El juez Lleral firmó la semana pasada un oficio en el que se comprometía ante Rafecas a “compulsar” las causas y enviar el material correspondiente al espionaje. Como es evidente, la resolución de Lleral que revela las escuchas que consideró ilegítimas, deberían ser un elemento de mucho peso.
