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El expresidente ecuatoriano Rafael Correa tiene ahora más argumentos para denunciar una persecución judicial en su contra. La Policía Internacional (Interpol) rechazó el pedido de difusión de alerta roja en su contra hecho por las autoridades judiciales ecuatorianas.
“Tras haber examinado detenidamente todos los elementos concernientes a la situación jurídica (…) la información disponible a la Comisión reveló que la retención de los datos en el Sistema de Información de Interpol no era compatible con la obligación de Interpol de asegurar la efectiva cooperación entre autoridades policiales dentro del marco de respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos”, dice el documento emitido por la Interpol.
Con este texto fue notificada la Corte Nacional de Justicia de Ecuador.
No es este el primer revés que pone en duda la acusación contra el exmandatario de haber ordenado el secuestro del político ecuatoriano Fernando Balda en Colombia. En 2012, el dirigente opositor y prófugo de la justicia fue ilegalmente retenido por autoridades ecuatorianas en Bogotá.
El fiscal que llevó adelante el caso, Paúl Pérez Reina, renunció el 14 de noviembre y dos semanas después comenzó a ser investigado por el presunto delito de usurpación de funciones.
Las acusaciones contra Correa se apoyan en dos supuestos exagentes de Inteligencia de Ecuador que se acogieron al mecanismo de cooperación judicial.
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