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Juicio Campo de Mayo: los crudos testimonios contra Mercedes Benz y SMATA

Por Pablo Roesler, en Tiempo. En la cuarta audiencia del juicio por los crímenes cometidos en los centros clandestinos de Campo de Mayo comenzaron a hablar testigos y familiares de las víctimas. Fue la primera jornada de testimonios del debate que se realiza desde hace casi un mes en el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de San Martín, y que comenzó con la causa que indaga en los secuestros de los trabajadores de la empresa automotriz Mercedes Benz. Este miércoles testimoniaron cuatro personas que recordaron los secuestros de trabajadores, señalaron la complicidad del Smata y de la empresa y señalaron la presencia de espías del Destacamento de Inteligencia 601 en la planta fabril.

El juicio que comenzó el 29 de abril pasado tiene en el banquillo de los acusados a veinte militares, gendarmes, policías y civiles de inteligencia por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 323 víctimas, entre ellas 14 embarazadas. Reúne 169 casos. Los primeros testigos fueron los ex trabajadores de Mercedes Benz Julio D’Alessandro y Eduardo Estivill Navarro, y Silvia Graciela Núñez y Mirta Arenas, hija y hermana de los obreros secuestrados Alberto Nuñez y Alberto Arenas, respectivamente.

Silvia Nuñez contó que es la hija mayor del trabajador automotriz  Alberto Nuñez y que tenía 10 años cuando su padre fue secuestrado dos veces: la primera el 7 de agosto de 1977, cuando fue llevado de su casa, y la segunda, seis días después, cuando se lo llevaron de la casa de sus abuelos. “El 13 era mi cumpleaños, a la madrugada fueron de vuelta a buscarlo. Esta vez fueron como a las 5 (de la mañana) también. No estaba claro. No era de día, mi papá ya estaba levantado”, recordó la mujer.

La testigo contó que en el primer secuestro su papá fue llevado a la Esma, donde fue brutalmente torturado durante tres días. Contó también que supo por el sobreviviente y ex trabajador de Mercedes Benz, Héctor Ratto, que tras el segundo secuestro su padre fue llevado a Campo de Mayo.

Silvia recordó que ese 13 de agosto la casa de sus abuelos estaba rodeada por los militares: estaban en los techos, en los fondos y en el frente. Y entraron por la fuerza. A ella, sus dos hermanas de 8 y de 2 años, su mamá y a su tío los encerraron en una habitación. A sus abuelos en la cocina.

“Mi abuelo era una persona robusta, quedó en la mesa, sentado. Mi abuelo los insultaba. Decía: ‘dejen a mi hijo, mi hijo no es delincuente, es un trabajador, ¿qué tienen contra mi hijo?’”, recordó. El estampido de una ráfaga de ametralladora silenció las quejas y las puteadas del abuelo. El terror se apoderó de la chica que pensó que los balazos habían asesinado a su papá. “Mi tío me decía que no llore”, recordó ante los jueces.

Contó que desde la pieza no podía ver nada y que dos militares cerraron la puerta y vigilaban para que nadie se asome. Pero Silvia abrió la cortina de la ventana. Necesitaba ver. Vio camiones del Ejército en la calle, vio vehículos, vio un Ford Falcon, vio un Dodge. “Vi cómo se llevaban a mi papá. Le habían puesto la capucha y vi como se lo llevaban”, recordó.

La empresa y el gremio en la mira

“Los trabajadores hablaron de la persecución que existía tanto antes del golpe de estado y luego de los secuestros”, reconstruyó el abogado Maximiliano Chichizola, querellante por la secretaría de Derechos Humanos de la Provincia.

“Hablaron de lo que sobrevuela la causa que es la aparente complicidad del gremio y de la empresa con los hechos. El gremio apretando en la previa, yendo con armas a las asambleas, amenazando a los trabajadores y haciendo fraude en las elecciones, por un lado, y la empresa convalidando todo, negando la personería gremial  y sin habilitarles ningún reclamo”, completó.

Durante la audiencia del juicio –que continuará el miércoles 29 pese al paro general- también hablaron los ex trabajadores de Mercedes Benz Julio D’Alessandro y Eduardo Estivill Navarro. Ante los jueces Daniel Omar Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nada Flores Vega, del TOF1, recordaron la situación que vivían los trabajadores en la fábrica antes y después del golpe de Estado de 1976.

Los trabajadores recordaron que las víctimas de los secuestros y la persecución en la dictadura fueron los principales referentes en la disputa con la empresa por mejores condiciones de trabajo. En ese camino señalaron la coincidencia de intereses entre los directivos de la Mercedes Benz y la conducción del Smata, que se expresó en los aprietes del gremio a quienes les disputaban la conducción de la comisión interna de la fábrica. También recordaron que integrantes del Batallón de Inteligencia 601 comenzaron a actuar dentro de la planta fabril desde antes de 1976.

La persecución y secuestro de los trabajadores de la Mercedes Benz es uno de los casos en juicio. Los detenidos del Colegio Militar, los militantes de la Columna Norte de Montoneros y del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) bajo el área 400 del Ejército de Zárate y Campana y los casos de las 14 mujeres embarazadas y padres de bebés apropiados -de los que fueron encontrados cinco pero faltan otros diez- son algunos otros de los 169 que componen del debate.

De los imputados, 12 no tienen condena previa. Antes del inicio del juicio el abogado querellante Pablo Llonto había resaltado uno: el coronel Benito Ángel Rubén Omaechevarría, jefe del departamento de personal del comando de Institutos Militares. Sin embargo ese represor murió a poco de comenzadas las audiencias. «Uno de los máximos responsables de la represión. Era quien tenía listas de todos los detenidos desaparecidos que estaban en El Campito. Este tipo es el que sabía y sabe qué pasó con cada desaparecido», contó el abogado sobre el genocida alcanzado por la impunidad biológica.

También por primera vez enfrenta la justicia Carlos Francisco Villanova, un ex Policía Federal que integraba el Grupo de Tareas II y era llamado Gordo 1 en el centro clandestino El Campito, donde tenía como tarea ser «el torturador de Montoneros». Lo acompañan otros responsables del centro y el multicondenado Santiago Omar Riveros, jefe de la guarnición militar de Campo de Mayo y jefe de la Zona de Defensa IV. Con 94 años el genocida vuelve  a ser juzgado por cientos de víctimas a los que les segó la vida.

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