La Corte Suprema analiza una serie de temas que preocupan al Ejecutivo en un año electoral

Por Irina Hauser, en Página/12. Una característica del gobierno de Mauricio Macri, que sabe (y aprovecha) que buena parte de la batalla electoral se juega en tribunales, es que se mete con los jueces y juezas, cuestiona y les promueve denuncias cuando un fallo no le gusta, o les dice lo que tienen que hacer, sin ninguna clase de prurito ni preocupación por la división constitucional de poderes. Es su forma de disciplinar. Sin embargo, a cierto sector judicial lo mira con un poco más de resquemor y prudencia. Para camuflar el miedo, el Presidente habla “levantando el dedito”. “En cada fallo, la Corte debe pensar en el equilibrio y la gobernabilidad”, dijo desde Vietnam. Sí, Macri le teme a la Corte Suprema porque hoy está fuera de su control y porque ahora adoptó la costumbre de armar una agenda de temas para los próximos meses en la cual también va intercalando algunas sorpresas. Como ocurrió la semana pasada con la sentencia que obliga al Estado a pagarle a San Luis 15.000 millones de pesos de coparticipación que corresponden a un fallo incumplido de hace tres años, y que tendrá su próximo.

Macri quiere marcar la cancha, además, porque el martes próximo se define el calendario supremo. Es obvio que la mayoría de las sentencias tienen una resonancia política, pero el problema es que hay temas en el tribunal, que para colmo podría comprometer al mandatario y a su familia, o también a sus amigos, como el decreto de 2016 que permitió que familiares de funcionarios blanqueen dinero o propiedades. La cuestión previsional también enloquece al Poder Ejecutivo, que tiene que hacer los deberes con el Fondo Monetario Internacional cargando el ajuste sobre los sectores más vulnerables.

Dinero para las provincias. El asunto de la coparticipación, además de tener un impacto fuerte para las arcas públicas tiene una carga simbólica políticamente: cuando terminaba el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la Corte firmó tres fallos que declaraban la inconstitucionalidad de la detracción del 15 por ciento de la masa de impuestos coparticipables que el Gobierno quitaba desde hacía años a las provincias para financiar a la Anses. En ese entonces ordenó restituir dinero a San Luis, Santa Fe y Córdoba. Era una fortuna. Con aquella sentencia la Corte recibió al Gobierno de Macri, cuya pronta respuesta fue nombrar dos jueces por decreto, en comisión, intentando pasar por alto el Senado, cuya aprobación tuvo que pedir ante el escándalo que se armó. Al menos uno de aquellos jueces, Horacio Rosatti, con el tiempo mostró que no actúa como Macri hubiera esperado. Carlos Rosenkrantz tiene gestos de mayor lealtad. Rosatti hoy es parte de ese grupo de tres, que también integran Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, que en el Gobierno bautizó como “la mayoría peronista”. Y ellos tres fueron los que la semana pasada fallaron para que se le pague a San Luis, pero ya proyectan otra sentencia similar a favor de Santa Fe, que reclama 45 mil millones para los acuerdos de las próximas semanas. Córdoba arregló el pago, por eso no reclama.

Jubilaciones. El año pasado, Rosatti y Maqueda fueron impulsores de la llamada “agenda” de la Corte, con temas fijos para una serie de acuerdos, quizá para el trimestre. Es una idea que a muchos viejos secretarios y secrearias les disgusta, porque se formaron con la cultura de que “la Corte no tiene tiempos”, lo que siempre fue una herramienta de presión y negociación utilizada tanto en relación al poder político como a otras posibles partes. Quizá de ese modo fue posible que hayan pasado diez años sin que el tribunal resolviera jamás una demanda colectiva del Defensor del Pueblo que pedía que se aplicara universalmente el fallo llamado “Badaro” de aquel entonces, que decía que para calcular las jubilaciones se debía tomar como referencia el nivel general de remuneraciones que elabora el Indec porque, argumentaba, los ingresos de los jubilados deben guardar relación con los de los trabajadores en actividad. Era una forma de obtener un “índice objetivo”. Ahora que la decisión sobre qué casos se tratarán dejó de estar centralizada, este expediente volvió a la mesa de los plenarios supremos y quedó posicionado entre los que los supremos analizan poner en la agenda. Además del impacto económico que podría tener (en sus inicios abarcaba a más de 1 millón de jubilados), una de las claves de ese fallo pasa por si los supremos aceptarán una demanda colectiva cuando están en juego derechos patrimoniales. Este es sólo un caso que muestra que cuando resolvió la demanda del jubilado Lucio Blanco, a fin de año, la Corte no agotó en absoluto las discusiones sobre haberes jubilatorios. En Blanco obligó a aplicar el índice ISBIC (Indice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción), que redunda en jubilaciones más abultadas para un grupo, la Corte no agotó en absoluto la cuestión previsional.

Los temas jubilatorios representan una perturbación para el Gobierno, no sólo por su relevancia en términos de dinero, sino porque lo confronta con las exigencias del FMI, que pretende comerse como un Pac Man las jubilaciones, sin importar que se trate de uno de los sectores más vulnerables. Dentro de las causas por jubilaciones, la que tiene menos chances de entrar en la lista es la de mayor magnitud: es la que pide la inconstitucionalidad de la reforma previsional de 2017 que cambió el cálculo y porcentaje de aumento y según denunció el abogado previsionalista Miguel Fernández Pastor, derivó en una pérdida del poder adquisitivo del 20 por ciento. Otra que probablemente integre la nómina es la causa donde se debate si las jubilaciones deben pagar impuesto a las ganancias.

Blanqueo por decreto. Una de las medidas más escandalosas del Gobierno de Macri, fue la reglamentación de la ley de sinceramiento fiscal a través de un decreto que habilitó a que los familiares de funcionarios (cónyuges, padres e hijos) puedan blanquear dinero y bienes de origen inexplicable. El diputado Felipe Solá planteó la inconstitucionalidad, pero le cuestionaron que estuviera legitimado para hacer la demanda. La Cámara en lo Contencioso Administrativo lo respaldó, pero el Estado volvió a objetarlo. Esa es la discusión que se viene en la Corte, y después se hablará del blanqueo en sí. De todos modos, cualquiera sea el resultado –estando en el medio un dirigente opositor con perfil presidenciable– implicará un gesto político.

Asuntos ambientales. Hay grandes asuntos ambientales (que son los favoritos de Lorenzetti, por los que vende muchos libros) con los que los ministros no saben qué hacer. La causa para el saneamiento del Riachuelo lleva casi 14 años en la Corte. Hasta ahora el tribunal siguió de cerca la ejecución, sistemáticamente incumplida o cumplida a medias por las tres administraciones implicadas (Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y Nación). Luego hay varios expedientes que atañen a la poderosa empresa multinacional (dedicada a la extracción de oro) Barrick Gold: uno plantea la inconstitucionalidad de la ley de glaciares, hay amparos que piden frenar su actividad por ser contaminante, otras medias contra los derrames de cianuro. En todos estos temas, la Corte se encamina primero a resolver si es ella la que debe tratarlos o no. Un tercer caso ambiental es el conflicto interprovincial (Córdoba, Santa Fe y Buenos aires) por las inundaciones derivadas de la laguna Picasa.

Casos penales y prisiones preventivas. En las últimas reuniones algunos jueces supremos plantearon resolver causas pendientes de derechos humanos, como por ejemplo, el que atañe a la Masacre de Trelew, donde deberá definir si el fusilamiento de 16 presos políticos en la base Almirante Zar no prescriben por ser crímenes de lesa humanidad. Hay otros expedientes pendientes, por ejemplo sobre prisiones domiciliarias que los jueces quieren resolver. Algunos vienen señalando preocupación por las detenciones masivas y sin juicio desde Comodoro Py, contra ex funcionarios kirchneristas. Pero, al parecer, este tema no entraría en agenda, porque la Corte no encuentra un caso donde se plantee la discusión de fondo sobre la llamada “doctrina Irurzun”. Hay quienes en tribunales relativizan esa posición, y creen que el tema podría ser resuelto de cualquier manera si los jueces tuvieran voluntad. De hecho en la Corte hay planteos de Julio De Vido, un caso paradigmático. Pero los supremos no quieren por ahora aparecer acercándose al kirchnerismo ni quedar tan expuestos tomando partido en uno de los ejemplos más palpables de politización de la justicia y de uso de los tribunales como escenario explícito de las batallas electorales. Además, para justificarse, sostienen que ciertos genocidas podrían reclamar por haber estado presos sin juicio mucho tiempo.

La ingeniería judicial. La Corte tiene dos casos que determinan el diseño institucional de órganos judiciales claves. Una demanda pide que el Consejo de la Magistratura –organismo que elige y sanciona a los jueces– que ha sido utilizado por el gobierno de Macri para aleccionar, vuelva tener 20 integrantes, como en su composición original según la reforma constitucional de 1994. Este tema venía anunciado con fuerza pero todavía no están todos de acuerdo con que entre en la lista. En cambio podría posicionarse la famosa discusión sobre el traspaso de la justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires. A diferencia de todas las provincias, que tienen un fuero federal y otro local, la ciudad tiene, además de esos dos, una justicia nacional (que se financia con el dinero nacional). El voto casi cantado, a favor del traspaso, es de Rosatti y Maqueda, porque fueron convencionales constituyentes cuando se estableció esa organización judicial. Es un intríngulis que viene de arrastre, y provoca internas dentro de la familia judicial, temor de los empleados y de los funcionarios judiciales, y podría desdibujar a la Asociación de Magistrados.

Fondo sojero. Se encuentra impugnado en la Corte, y con posibilidades de entrar a la lista de casos a tratar el DNU que eliminó el fondo sojero, a través del cual la Nación debía transferir a las provincias y municipios el 30 por ciento de la recaudación de derechos de exportación de soja.

Re-reelección en La Rioja. Después de que la Corte, en plena feria judicial, habilitara la consulta popular para incorporar una enmienda constitucional que habilite la re-reelección del gobernador Sergio Casas, llegaron planteos de Cambiemos y Peronismo sin Fronteras de inconstitucionalidad de la enmienda y la consulta popular, que consideran que debió realizarse en las elecciones siguientes. La consulta se hizo el 27 de enero y votó el 43 por ciento del padrón. La oposición no pudo conseguir el 35 por ciento de votos necesarios para frenar la iniciativa del oficialismo. Casas convocó a elecciones para el 12 de mayo. Ahora la Corte intentaría resolver antes la cuestión de fondo. Este caso podría tener repercusión en otras provincias, como Río Negro, donde también hay re-reelección en juego.

Casos sorpresa. En medio de la famosa agenda podrían aparecer otros expedientes más inesperados. También hay algunos que los supremos no saben si poner en la lista a manejar por fuera, como el de la tragedia del colegio Ecos, un accidente donde murieron nueve adolescentes, una docente, el conductor del camión que chocó el colectivo donde viajaban los alumnos. También hay una pareja homosexual que tuvo hijos por subrogación de vientre: el que nació fuera del país lleva el apellido de ambos, pero el que nació en Argentina, sólo puede llevar el de uno de ellos y el de la mujer que gestó. Por eso plantearon una situación de inequidad.

Es difícil pensar que en el contexto actual la Corte ponga en peligro la gobernabilidad, como vaticinó Macri. Pero cualquiera sea su integración suele conservar esa habilidad de repartir decisiones para cada audiencia, como esta semana en la que cerró una causa clave contra el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas, por supuestas transferencias vinculadas a sobornos de Odebrecht, y a la vez ordenó el pago de la coparticipación.

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