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La diputada Juárez denunció que se usa a la justicia “para armar causas, apretar o dar miedo a un ciudadano”

La diputada Débora Juárez denunció al titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, de haber iniciado una persecución en su contra, al presentar una cuestión de privilegio por el allanamiento que se realizó esta mañana en su domicilio particular. La legisladora adelantó que pedirá además un informe sobre el estado de salud del funcionario judicial. “Nadie que ostenta un poder en un cargo en la justicia lo hace para armar causas, callar a una legisladora, apretar o dar miedo a un ciudadano”, aseveró.

Al inicio de la sesión extraordinaria de esta tarde, Juárez, quien se separó el bloque de Frente Cambia Jujuy para constituir un bloque unipersonal, presentó formalmente una cuestión de privilegio contra el juez Jorge Samán, el fiscal Liam Resúa, el secretario del juzgado y el ayudante del fiscal, y adelantó que presentará además un pedido de jury contra estas mismas personas ante el Superior Tribunal de Justicia.

La diputada afirmó que con el allanamiento de esta mañana se vulneraon sus derechos como legisladora en el marco de “una causa que no es una causa, sino una denuncia, supuestamente para recolectar pruebas”.

“Yo ya había denunciado había denunciado persecución por parte de Lello, pero no pensé que se iba a atrever a tanto, haciendo las cosas fuera de la ley”, afirmó Juárez, y adelantó: “Voy a pedir que en los informes se incluya si está en condiciones fisicas óptimas, porque hay algunos impedimentos para ejercer cargos públicos, como por ejemplo tener vicios”.

Afirmó estar segura de que Lello Sánchez “no está en condiciones físicas”, y anunció que, además de los informes sobre su persona, pedirá “que los que ocupan cargos públicos no tienen que tener vicios, porque hay varios, y vamos a enseñarles a ser buenos funcionarios, no corruptos”.

La diputada estimó que “solo una orden trasnochada o alocada puede hacer que lleven a cabo este procedimiento, transgrediendo las normas”.

“Recién cuando terminó el allanamiento, apareció una seudo orden dada por el juez Saman, que tampoco me consta porque no estaba certificada. Si eso no es apriete y amedrentamiento…”, agregó, y aseguró que irá “hasta las últimas consecuencias porque quiero justicia para todos los jujeños”.

Juárez consideró que nadie que ostenta un poder en un cargo en la justicia lo hace “para armar causas, callar a una legisladora, apretar o dar miedo a un ciudadano”.

“Es una vergüenza”, repitió varias veces, y enfatizó: “Yo tenía confianza en el cambio, pero ahora tengo vergüenza de pertenecer al Frente Cambia Jujuy. ¿Quién se creen que son para usar la justicia para apretar?”

Sobre el final de su intervención, manifestó: “No tengo miedo porque tengo el traste bien limpio. Fueron años de lucha, de militar. ¿Qué se creen los corruptos, que con un poco de poder van a usar la justicia para dar miedo? Yo no tengo miedo. ¿Estoy hablando lo que no debo?”.

“Me arrepiento de haber dado quórum para cambiar el Superior Tribunal de Justicia -continuó-. Nunca vi tal inmundicia de justicia. Habrá algunos probos, pero los que más sobresalen son los más corruptos, los verdugos. Así sea mi último aliento de vida, voy a luchar para que haya una justicia para todos, con derechos, como corresponde”.

Legisladores de todos los bloques opositores se expresaron solidarios con la diputada Juárez.

El procedimiento

En medio del procedimiento de esta mañana, el abogado Juan Giusti calificó de “ilegal” el allanamiento. En diálogo con El Submarino Radio (91.5), explicó que unas tierras propiedad de Juárez en Fraile Pintado fueron loteadas por la propia diputada cuando en 2011 el entonces gobernador Walter Barrionuevo implementó el plan Un lote para cada familia, que preveía la expropiación de terrenos ociosos. “La diputada en aquel momento hizo el plan, se trabajó bien y la gente pagaba las cuotas”, repasó.

El año pasado, tras la destitución del intendente Omar Carrasco y la asunción de Iván Poncio al frente de la municipalidad de Fraile Pintado, un grupo de personas presentó una denuncia por estafa. “Son siete personas que tienen un terreno y dejaron de pagar las cuotas, y trabajan con el intendente Poncio”, precisó Giusti.

“A raíz de esto, la diputada empezó a ser presionada por el fiscal Sergio Lello Sánchez, que es el responsable de todo este allanamiento”, aseguró el abogado, quien aseguró que en el procedimiento se violaron reglas procesales “porque trajeron una copia simple del acta de allanamiento, lo que ya hace que el allanamiento sea nulo, porque la orden tiene que venir certificada desde el juzgado, y no como copia simple”.

-¿De qué juzgado se trata?

-Es el juez Jorge Samán, ex diputado y concejal, hombre del radicalismo confeso, con dos hermanos funcionarios del radicalismo. Él firmó el allanamiento pero nos trajeron una copia simple. Pero aun si hubiera sido válida, un allanamiento a un legislador solo puede hacerse después de una declaración indagatoria, algo que no pasó en el caso de la diputada Juárez. Los muchachos no leen la Constitución Provincial. La citan cuando quieren destituir, pero para el respeto y las garantías, se la pasan por el orto, y perdón por el término.

-¿Qué interpetación hacen? 

-Los argentinos hemos vivido esta novela con Cristina. Yo ya había hablado de esto con la diputada, y ella iba a colaborar si la llamaban a indagatoria. Porque ella hizo lo de las tierras con 300 familias, y son ocho personas las que la denuncian. Yo estoy asustado por cómo avanza el poder político sobre los legisladores. No respetan nada, están rompiendo todo, son una caterva de inútiles y delincuentes. Estoy asustado, y eso que soy el que más denuncio al equipo de los 50 años versión andina en la provincia. Esta es una cuestión por un problema que tiene Lello Sánchez con la diputada.

-¿Cuál es ese problema?

-Débora intentó frenar los atropellos de Lello Sánchez en el Ministerio Público, porque este no es el primer atropello. Ella viene denunciando esta situación incluso ante miembros del Ministerio Público de la Acusación, y acá tengo a dos fiscales asustados a los que les dijeron que le hacen el allanamiento a la diputada o él los sanciona. Es una locura lo que está pasando.

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