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La empresa Ledesma y Mina el Aguilar: Similar metodología contra la lucha sindical

Por H.I.J.O.S. Jujuy

La 34° audiencia se desarrolló ayer, jueves, en el Tribunal Oral Federal N°1 de Jujuy, en el marco del 6° juicio de lesa humanidad en la provincia que busca condenar a los que perpetraron el terrorismo de Estado del año 1976.

Testimoniaron: Fabián Zorrilla, Leandro Cabaña y Carlota Eustaquia Batallanes (todos ex penitenciarios). También declaró la escritora, comunicadora social e investigadora Delia Maisel, como testigo de concepto, a través de videoconferencia desde la unidad de derechos humanos del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Con respecto al testigo Víctor López (ex penitenciario), se informó que el mismo no fue encontrado en el domicilio consignado, mientras que Marcelo Aibar (ex penitenciario) que también debía prestar declaración en el día de la fecha, habría fallecido.

Zorrilla dio inicio a su declaración indicando que conoció a varios de los imputados en la causa durante el tiempo que se desempeñó como personal de seguridad dentro del penal de Gorriti, lugar donde ingresó a trabajar en el año 1970 con la edad de 23 años. Según el ex celador, las actividades dentro de la penitenciaría no se vieron afectadas con el golpe de Estado de marzo de 1976, salvo la dirección del penal que pasó a manos del teniente primero del Ejército, Antonio Orlando Vargas.

Sostuvo que nunca tuvo conocimiento de la conformación de grupos de tareas dedicados exclusivamente a tratar con presos políticos o que personal penitenciario prestara servicio para el ejército argentino.

Leandro Cabaña, ex celador del penal de Gorriti, ingresó al recinto aclarando que sufre dificultades auditivas, por lo que su testimonio se vio sumamente afectado. Reconoció los nombres de Carlos y Ricardo Ortiz, junto a otros represores imputados en la causa, como Mario Gutiérrez, Herminio Zárate, Juan Carlos Lucero y Armando Herrera. Mencionó además que se desempeñó bajo el rango de Sargento Ayudante cumpliendo funciones en las guardias externas de la penitenciaría. “Únicamente recuerdo que iban de vez en cuando los que llegaban del regimiento, pero no recuerdo bien esas cosas porque pasaron hace 40 años”, finalizó.

Por su parte, Carlota Eustaquia Batallanes, explicó que también cumplió idénticas funciones en el centro de detenciones conocido como El Buen Pastor, institución correccional  destinada a recluir mujeres y dirigida por monjas, Batallanes relató que las detenidas estaban separadas en celdas individuales, siendo sacadas de las mismas durante unos minutos únicamente durante “la hora de sol” una a la vez. Si bien aseguró no recordar la presencia de presas políticas, indicó que “las detenidas se veían mal, destruidas. Era muy duro trabajar ahí porque era muy difícil separar la vida personal con lo que veíamos en el trabajo”, subrayó.

Delia Maisel es licenciada es licenciada en Bibliotecología y Archivología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, escribió dos libros sobre la represión en Jujuy durante el terrorismo de estado, uno de ellos Memorias del Apagón, y el otro Rebeliones Mineras. Las obras están realizadas a partir de testimonios, entrevistas a familiares de ex detenidos y desaparecidos del Ingenio Ledesma y Mina El Aguilar, en este último caso se basó en fuentes documentales de medios gráficos, libros y actas del Sindicato de Obreros Mineros el Aguilar (SOMA). Destacó la colaboración para esta investigación de los organismos de derechos humanos: Madres y familiares de detenidos desaparecidos de Jujuy e H.I.J.O.S. Jujuy.

Destacó tres aspectos paralelos entre Ledesma y Mina El Aguilar, el primero de ellos es la forma y la modalidad de detención, el segundo es el traslado y en tercer lugar, la persecución a activistas y sindicalistas.

“La impunidad se dio de manera muy abierta”. Fueron llevados a los Centros Clandestinos de Detención con camionetas de la empresa Ledesma. En el caso del Aguilar eran trasladados de manera violenta en las camionetas de la Mina hasta el RIM 20, sufrieron todo tipo de atropellos y torturas, luego fueron entregados al presidio de Gorriti encadenados y encapuchados bajo amenaza de muerte donde fueron “blanqueados”.

En el caso de Ledesma fueron llevados al destacamento de la Policía de la localidad, por ejemplo, el caso de Rufino Lizárraga. Los desaparecidos eran activistas, militantes o sindicalistas y se manifestaban en contra de los intereses de las empresas: “Aredez cuando fue intendente de Libertador Gral. San Martín fue la primera vez que recaudó los impuestos y fue para el beneficio del pueblo, en el caso de Avelino Bazán fue director de trabajo y constató todas las irregularidades, en el año 1973 hizo un relevamiento de todo lo relacionado a la contaminación”.

En un momento de la videoconferencia la querella preguntó a la testigo sobre la responsabilidad de los directivos de la empresa Ledesma y Mina El Aguilar en los hechos que se juzgan, cuando intentó responder Maisel fue interrumpida agresivamente por el abogado Rodríguez Vega, quien solicitó no se dé lugar a la pregunta formulada por la Dra. Lupiañez.

Luego, el tribunal resolvió por mayoría escuchar la respuesta de la testigo sobre la responsabilidad civil empresarial, argumento que;  “es pertinente y ayuda a una mejor comprensión de los hechos”, la disidencia estuvo en la voz del juez Mario Juárez Almaráz que votó en contra, y a favor de la defensa de los genocidas, apoyando así la posición intempestiva que acostumbra tener el defensor de represores Rodríguez Vega cuando se tocan intereses de la Empresa Ledesma.

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