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La infancia jujeña en riesgo: cuando el Estado actúa después, y mal 

Por Gaby Tijman. Si de este modo quieren desprestigiar a la familia de la nena de 12 años que quedó embarazada tras ser violada por un vecino, no les va a ir bien. Primero se difundió una versión según la cual José Luis Dávalos, el violador confeso, aseguraba que la madre de la nena le había pagado para que consumara el ultraje. Según la información, se lo dijo al que fue su abogado defensor apenas notificado de la acusación. Lo único ciertamente confirmado es que ese abogado renunció a la representación de Dávalos, y que el acusado se negó a declarar cuando fue citado por la justicia. Incluso el fiscal Ernesto Resúa se ocupó de desmentir la versión en el mismo diario que la había dado por cierta.

Junto con esta supuesta “revelación”, trascendió que una hermana mayor de la nena de 12 años se había peleado con la madre un par de años atrás y se había ido de su casa. En efecto, pasaron apenas un par de días para que el diario La Nación publicara una nota firmada por Rosario Agostini, responsable de un portal jujeño oficialista, en la que Candela, hoy de 18 años, cuenta su historia.

No aclaren que oscurece, murmulla una voz en los pasillos de la Casa de Gobierno de Jujuy. Es que de ese relato se desprende una conclusión que viene a confirmar lo que se ha denunciado largamente: la inacción de las instancias del Estado dedicadas a preservar, cuidar y contener a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo; la no aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI) que es obligatoria por ley en todos los establecimientos educativos, y, finalmente, la ausencia total de funcionarios y funcionarias que asuman su responsabilidad ante los hechos consumados.

Repasemos.

En la nota de La Nación, Candela dice que se siente culpable por lo que le pasó a su hermana menor, porque antes de irse a Mendoza ella solía hacerse cargo de sus hermanitos porque la madre se ausentaba. “A los 14 años Candela vivía con su madre, una hermanita, un hermanito muy pequeño y el esposo de su mamá, tenía un novio también adolescente, salía a bailar o se juntaba con los amigos, tomaba alcohol de vez en cuando y creía que tenía todo bajo control”, describe la periodista.

“Un día su madrina la observó detenidamente y comenzó a dudar. La llevó al médico. Resultado: Candela estaba de seis meses de embarazo. No se había dado cuenta antes, su mamá tampoco lo había notado”, continúa la nota.

Alarma. Esa niña de 14 años “tenía un novio” con el que mantuvo relaciones sexuales. Quedó embarazada, pero solo se enteró de que lo estaba seis meses después, y porque su madrina “comenzó a dudar”. Candela, a sus 14 años, no sabía lo que debía saber para manejar y disfrutar su sexualidad.

La nota deposita la responsabilidad de esta situación en la madre, con el objetivo perverso de desacreditar todos los reclamos al sistema de Salud que se hicieron oír -y se siguen expresando- frente al caso de la hermanita menor de Candela.

Lo cierto es que el sistema de Salud recibió en aquel momento a una adolescente de 14 años embarazada de seis meses, y no hay constancia de que algún funcionario haya actuado para ver cuáles eran las condiciones sociales y familiares de ese hogar.

Recién hace un año Candela denunció a su mamá por malos tratos y se fue a vivir con una tía. La nota de La Nación dice que “por orden del Estado la madre de Candela y de la niña ultrajada de 12 años debía realizar un tratamiento psicológico para ‘desnaturalizar la forma violenta de relacionarse con su hija’” y que “si no iniciaba tratamiento, la madre no podía tener contacto con la adolescente”.

Entonces sí actuó el Estado. “Ordenó”, dice la nota. Y allí parece haber terminado su actuación frente a la situación de un hogar conflictivo cuyos niños y niñas se encontraban en riesgo. Un riesgo que se confirmó hace pocas semanas al conocerse la situación de la más pequeña de las hermanas, de tan solo 12 años y embarazada producto de una violación.

La ausencia de acciones preventivas del Estado derivó en consecuencias graves para la nena y su entorno. El Estado solo apareció para manipular “el caso” a su provecho político, incumplir una vez más con la normativa, avasallar los derechos de esa nena y someterla a un trato cruel, tanto médico como mediático.

Del parto quirúrgico al que fue sometida la nena nació una criatura de 700 gramos de peso que solo vivió cinco días. Veinticuatro horas después, renunció la ministra de Desarrollo Humano, Ada Galfré, quien adujo “motivos personales”. Nada más personal que haber fallado en su responsabilidad al frente de un ministerio que contiene las áreas dedicadas especialmente a la protección y atención de niñas, niños y adolescentes, sobre todo de quienes están en situación de vulnerabilidad.

Rol lamentable

Al conocerse la dimisión de Galfré, fue inevitable recordar su posición pública a favor de la ley de aborto legal, seguro y gratuito que se debatió el año pasado en el Congreso Nacional, que tuvo media sanción en Diputados pero fue derribada por el Senado. Una postura completamente contraria a la que enarboló en aquel momento y puso a la práctica ahora el ministro Bouhid, adherente al lema -fallido, en este caso- de “salvar las dos vidas”.

Pero la renuncia de Galfré hizo recordar además el lamentable rol que cumplieron los organismos estatales de su órbita frente al caso de Alexis Mamaní, el niño de 5 años que fue asesinado por su madre en marzo del año pasado. La causa judicial abierta por este caso ya fue elevada a juicio. Ana Gómez, la madre, está imputada de homicidio agravado por el vínculo.

El crimen atroz de Alexis también llevó a la justicia penal a la actuación del Estado en varios de sus estamentos. El fiscal Aldo Lozano imputó a tres funcionarios del ministerio de Desarrollo Humano -cuya titular era Ada Galfré- por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, por omisión, ya que consideró que hubo un desempeño “ineficiente” por parte de los funcionarios del área de Niñez, Adolescencia y Familia, porque “había información suficiente para brindar contención a Alexis y su hermano”. Además, ordenó la detención de policías que participaron en la tarea de rastrillajes realizada el 20 de marzo, cuando encontraron el cuerpo de Alexis, por haberse viralizado algunas de las imágenes tomadas en el lugar. No se conocen avances en ninguna de estas causas.

En la misma semana en que Jujuy y buena parte del país estaban inmersos en el debate sobre la interrupción legal -negada- del embarazo de la nena de San Pedro, se conoció el caso de dos niñas de La Quiaca que habían sido violadas por sus respectivos padres, y el de una adolescente de 15 años que había sido abusada por su cuñado, integrante de la Policía de la Provincia. Unos días antes, una familia de Libertador Gral. San Martín atacó a un hombre que a través de WhatsApp había engañado a una nena de 13 años para citarla en una plaza y forzarla a irse con él, lo que fue impedido por la madre y el hermano de la niña, que le dieron una paliza al acosador y lo publicaron en las redes. También conmovió a la opinión pública el caso de una madre que hizo público un video en el que se mostraba a sí misma castigando físicamente a su hijo. La mujer está detenida y sus tres niños viven ahora con su abuela en Tucumán.

La educación sexual integral (ESI), si se aplicara como manda la ley, a conciencia, con entusiasmo y convicción, podría evitar muchas de estas atrocidades. Los niños, niñas y adolescentes sabrían reconocer una caricia de un tocamiento indebido y sabrían a quién y cómo recurrir ante una duda. También tendrían certezas sobre qué les pasa a sus cuerpos cuando empiezan a madurar y cómo vivir con plenitud y de forma segura su sexualidad. Podrían elegir y decidir. Sabrían cómo cuidarse y tendrían con qué hacerlo. Pero la responsable de la ESI en Jujuy, Patricia Morales, presentó su renuncia en diciembre pasado, por diferencias con los ministerios de Salud y de Educación -a cargo de la implementación del programa-, y desde entonces no se ha designado reemplazante.

¿Será que Jujuy es tierra de niños castigados, golpeados, violados? No, Jujuy es donde el Estado actúa después. Siempre después. Mucho después.

La renuncia de Galfré, más allá de los motivos personales que también podrían haber influido, cobra un significado que trasciende a la persona. Su ministerio se llamaba “de Desarrollo Social” y con el cambio de gobierno pasó a llamarse “de Desarrollo Humano”. Porque ya se sabe: corren tiempos en los que prevalece el humano, el individuo, tiempos en los que está abolida cualquier idea que se exprese en términos sociales o colectivos.

Tiempos de un Estado que, más que humano, es humanitario, benefactor de té canasta, repartidor de alimentos en cajas de cartón, entregador de bebés nacidos en hogares poco importantes.

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