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«Si quieren que salgamos de la calle, que nos den trabajo». Así se expresaron esta mañana los vendedores ambulantes que se manifestaron en la puerta del Tribunal Contencioso Administrativo, donde se desarrolló una audiencia en la que la Municipalidad de San Salvador de Jujuy debía responder al amparo presentado para que se les permita trabajar y se terminen las confiscaciones de mercadería. El abogado Héctor Huespe, que representa a 120 vendedores que presentaron el amparo, explicó a El Submarino Jujuy el sentido de la audiencia: «La Municipalidad tenía que aportar pruebas sobre la existencia del Boletín Oficial Municipal, pero no aportó ninguna. Así que ahora el Tribunal debe resolver».
El Ejecutivo comunal debía mostrar que efectivamente creó el Boletín Oficial Municipal. Debía hacerlo mostrando la norma de creación, que debió publicada en el Boletín Oficial Provincial, que es el trámite que le da vigencia a cualquier legislación.
El letrado calificó como «muy grave» la situación, ya que al no existir el Boletín Oficial Municipal, todas las multas que se aplican, los convenios que se firman e incluso las ordenanzas «son nulas de nulidad absoluta».
La situación de los vendedores ambulantes se tornó crítica cuando comenzaron a llegar las intimaciones para que suspendan su trabajo, incluso a algunos a los que la Municipalidad había obligado a reubicarse, para despejar ciertos puntos de la ciudad.
«Nos quieren sacar de la calle, no quieren carros ni nada», afirmó uno de los vendedores, Sixto Laureano, en diálogo con El Submarino Radio (91.5).
El suyo y otros testimonios dan cuenta de situaciones repetidas: llegan inspectores, acompañados por la policía, les quitan la mercadería sin labrar ningún acta detallada de los artículos confiscados, y les imponen una multa.
«Que el gobernador nos deje trabajar, nosotros vivimos de la calle, no tenemos otro medio de trabajo», sintetizó Laureano.
Una de las mujeres que participaron de la movida de esta mañana, relató que ella tenía su quiosco en Lavalle y Av. 19 de Abril y que fue forzada a mudarse frente al estadio de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Pero tampoco allí puede trabajar: «Hace cinco meses nos dijeron que nos teníamos que reubicar y nos reubicamos. Como no tengo plata, me llevó tiempo. Ni terminé de armar el quiosco, y ya me llegó la intimación de que tengo que irme en 24 horas», contó.
«No tenemos sueldo, no tenemos trabajo para respaldarnos. La gente trabaja para sí misma, el gobierno no nos paga, nosotros pagamos los impuestos. Si el gobierno realmente quiere que la gente salga de la calle, que nos dé trabajo», señalaron.
La cuestión de los secuestros de mercadería es un tema aparte. «No puede venir el inspector con la policía, rodearnos y secuestrar la mercadería sin un acta donde esté lo que se llevan», protestó una de las mujeres, y otra agregó: «Y si después devuelven, no la devuelven toda». Lo mismo pasa con los carros: aseguran que se los quitan y no se los devuelven.
Algunos tienen la suerte de poder mantener su puesto. En el centro de la ciudad, deben pagar 3700 pesos por mes, pero para empezar tienen que pagar tres meses por adelantado.
Está también el problema del horario. La Municipalidad pretende regular la actividad para que funcione de 8 a 13 y de 17 a 21. «El vendedor nunca tuvo horario, somos comerciantes», afirmó una de las mujeres, una señora de 63 años que describió su propia situación: «Yo ya me siento cansada, sola no puedo estar yendo y viniendo, sacar el quiosco, ponerlo. Ya no me da la fuerza».
«Es imposible conseguir un trabajo, la situación es crítica para todo el mundo. Pedimos que por favor el gobernador piense un poquito y nos deje laburar, porque él no nos va a dar trabajo. Nosotros tenemos familias para mantener, y así no vamos a poder pagar impuestos ni nada. Todos queremos tener televisión, cosas, como cualquier ser humano», pidió Laureano.
Por otro lado, Huespe recordó que hay presentadas 48 denuncias penales contra el intendente Raúl Jorge, el secretario de Gobierno de la Municipalidad Gastón Millón, coordinadores e inspectores por «exacciones ilegales», figura jurídica que se refiere al cobro de multas «sin respaldo ni sustento legal, sin una norma que lo establezca», precisó.
