Organizaciones presentaron petitorio en contra de la desafectación de mil hectáreas en Calilegua

La Asamblea en Defensa del Parque Nacional Calilegua que está conformada por más de medio centenar de organizaciones ambientalistas, sindicales, sociales y políticas, presentó este viernes pasado ante autoridades del Parque Nacional y al gobierno de Jujuy, un petitorio, para exigir la devolución de mil hectáreas que posee el Estado provincial

Más de 3500 personas y 51 organizaciones ambientalistas, sociales y políticas repudiaron el convenio mediante el cual la Administración de Parques Nacionales, el ministerio de Ambiente y el gobierno provincial acordaron la entrega de un sector del Parque Nacional Calilegua al estado provincial.

Con la excusa de regularizar instrumentos de creación del área protegida, la remediación de la contaminación y pasivos ambientales y el cese de la extracción de petróleo avanzaron con una medida ilegal violatoria de leyes nacionales como la de Parques Nacionales o de Ley de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos.

La Asamblea de Parques Nacionales denuncia que los fundamentos no son válidos a la hora de ceder jurisdicción y dominio de un parque a la provincia que ahora actuaría como juez y parte de las tareas de remediación y cierre definitivo de los pozos sin ningún tipo de control por fuera de ellos, lo cual es totalmente peligroso.

La entidad advierte sobre “la contaminación de cursos de agua por pozos surgentes, la vulneración de un corredor de biodiversidad para las Yungas y el pedemonte, la pérdida del control de la remediación ambiental de esas tierras por trabajadores de Parques Nacionales o el peligro pendiente de la continuidad de la explotación ilegal de petróleo en esa zona protegida”. Recuerdan además que la explotación del Yacimiento Caimancito, ubicado en el PNC, es ilegal.

Rechazan también el convenio firmado entre la APN y el gobierno de Jujuy, mediante el cual el organismo nacional suspende su dominio y jurisdicción sobre 1000 hectáreas del Parque, cediendo el uso y goce de dicha área a la provincia. Alertan que a partir de esta medida la APN no podrá realizar la fiscalización de las actividades que se desarrollan en el Yacimiento Caimancito y las condiciones ambientales con las que dichas actividades se realizan, y denuncian que la provincia de Jujuy “será a partir de su firma ‘juez y parte’ de las operaciones en el sitio, con lo cual la empresa Jemse (empresa del estado provincial, Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado) tiene su camino libre de controles estrictos que debieran intervenir”.

Resolución y Convenio

La resolución 576/18 del Directorio de la Administración de Parques Nacionales aprobó el Convenio de “Regularización del Parque Nacional Calilegua” que fue firmado entre el gobierno de Jujuy y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. La misma, aunque busca avanzar en juicios hacia las empresas petroleras que operaron en el Parque Nacional, desafectaría 1000 hectáreas de zona protegida nacional.

La resolución determina que “Jujuy elaborará un Plan de Remediación Ambiental y Cierre Técnico del Yacimiento CNO 3 Caimancito, ubicado dentro de las MIL hectáreas (1.000 has.) que se encuentran en el Parque Nacional Calilegua. A estos fines, la Nación establecerá una condición suspensiva de dominio y jurisdicción concediendo el uso y goce de dicha área a la provincia, con el objetivo de efectivizar la futura remediación ambiental y cierre definitivo de los pozos petroleros, cesando dicha condición una vez acreditada la remediación ambiental y el cierre definitivo de los pozos petroleros dentro del área protegida.

La Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, informó a la Provincia que no se hará cargo de los gastos que la remediación demande. En tal sentido, la provincia se reserva la facultad de ejercer, a título propio, todas y cada una de las acciones judiciales y/o administrativas que correspondan en contra de las anteriores operadoras del Yacimiento CNO 3 Caimancito, cuyo reembolso y cobro, eventualmente, le permitirán contar con parte del financiamiento necesario para llevar adelante la remediación ambiental y el cierre definitivo.”

 

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