Pibes Villeros: Un nuevo cuarto intermedio y esta vez, no fue por salud

En la última audiencia de esta semana, la fiscal penal Liliana Fernández de Montiel no pudo terminar su alegato y se estima que, en las próximas jornadas, realizará el pedido de penas contra los 30 imputados de la causa conocida Pibes Villeros. La funcionaria del Ministerio Público de la Acusación solicitó al Tribunal en lo Criminal N°3 finalizar la jornada a las 19.00 horas por “el casamiento de mi hijo”

En esta instancia, que se llevó a cabo, este viernes, la fiscal apuntó contra cooperativistas y apoderados de la Tupac Amaru para cobrar fondos públicos y dijo que Mirta Guerrero, Mirta Aizama, Patricia Cabana y Gladis Diaz conformaban el departamento de finanzas” de la agrupación.

En esta causa está imputada la dirigente social Milagro Sala y otros 30 acusados, entre ellos ex funcionarios provinciales y cooperativistas, por la supuesta defraudación al Estado, de unos 60 millones de pesos, presuntamente cobrados por cooperativas para construir mejoramientos habitacionales del programa nacional “Mejor Vivir II”.

Aseguró que los fondos que llegaron como anticipo de obra del programa Mejor Vivir II, fueron usados para pagar sueldos de los cooperativistas de los últimos meses del 2015 y no como marcaba indicaba el convenio, que era para mejoras habitacionales, no priorizaban la necesidad de la gente”.

Fernández de Montiel, expresó luego que “Mirta Guerrero “Shakira” era muy allegada a Milagro Sala y oficiaba de custodio del dinero que era transportada desde ciudades del interior hasta la sede de la Tupac Amaru.

“Shakira sabía cuál era la logística impuesta por Milagro Sala y fue indicada por varios testigos como la fuerza de choque para las personas que cuestionaron a Milagro Sala”, dijo y agregó que “Shakira decía, si vos no haces lo que Milagro Sala dice, sabes bien lo que te puedo pasar a vos, a tus hijos y toda tu familia”.

De esta manera, la fiscal apuntó al delito de extorsión que a su criterio quedó probada en el juicio. “A muchos integrantes de la organización barrial que cobraban capacitaciones laborales se les descontaba hasta el 50% inclusive en algunos casos por no asistir a los bancos a cobrar los cheques”.

Antes que se cumpla el horario de finalización que se había previsto por la solicitud de Fernández de Montiel, Milagro Sala, 15 minutos antes, le gritó que “ya era la hora” a la fiscal que le dijo “gracias Señora Sala”, habló un ratito más y se dio por terminada la audiencia.

Banco de Acusados

Milagro Sala está acusadas por los delitos de Asociación Ilícita en su carácter de jefa de la misma; Fraude a la Administración Pública y Extorsión en concurso real; Pedro Raúl Noro del delito de Asociación Ilícita, como supuesto integrante de la banda; la diputada de Cambiemos Jujuy. Mabel Balconte; Marcia Ivone Sagardía (ex concejal); Javier Nieva; María Graciela López; María Sandra Condori, Adriana Noemí Condori completan los miembros de la banda que supuestamente estafó al estado provincial y están acusados de los delitos Fraude en contra de la Administración Pública y Extorsión.

Patricia Margarita Cabana; Iván Dante Altamirano; Miguel Ángel Sivila están imputados por los delitos de Asociación Ilícita en su carácter de integrantes de la banda y Fraude en contra de la Administración Pública; al igual que Mirta Rosa Guerrero; Liliana Mirta Aizama y Gladis Noemí Díaz.

Olga Inés Tufiño; Marcos Fernando Almasana; Alberto Esteban Cardozo; Juan Manuel Nieva; Héctor Damián Lacsi; Eduardo Sergio Zequeiros; Carlos Diego Ariel Cruz; Joaquín Roque Salas; Marcelo Alejandro Almasana; Juan Manuel Aguilera; Raúl Ezequiel Aguilera y José Augusto Choque por los delitos de Fraude en contra de la Administración Pública.

José Lucio Abregú, ex presidente del Instituto de Vivienda Urbanismo de Jujuy está acusado de los delitos de Fraude en contra de la Administración Pública (2 hechos en concurso real); Pablo Tolosa Perea, ex vocal del organismo, fue imputado del delito de Fraude en contra de la Administración Pública (14 hechos en concurso real); Héctor Gustavo Martínez y Emilio Javier Bustos deberán responder como autores penalmente responsables de los delitos de Falsedad ideológica y partícipe necesario de en contra de la Administración Pública en concurso real.

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