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El fallo que dictó el Tribunal en lo Criminal N°2, que absolvió a la dirigente Milagro Sala y a Alberto Cardozo generó rechazó por parte de funcionarios del gobierno, de la fiscalía, entre otros.
Primero, fue el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien calificó el dictamen como “vergonzoso” y aseguró que “la lucha contra la impunidad sigue”.
Luego, se convocó a una conferencia de prensa en la sede del Ministerio Público de la Acusación, que fue encabezada por su titular Sergio Lello y el Fiscal del juicio denominado “Balacera de Azopardo”, Marcelo Cuellar. Ambos expresaron que aguadarán los fundamentos para realizar las apelaciones correspondientes.
“Entiendo que la sentencia de absolución no es ajustada a derecho, por lo que se antepondrán los recursos que correspondan. No es ajustada a derecho, había pruebas suficientes para condenar a los enjuiciados”, indicó Lello
Por su parte, Cuellar afirmó: “elementos hay y había para llegar sino consideraban que la calificación con el agravante del homicidio por precio o promesa remuneratoria era débil, sí había prueba para decir que Milagro Sala estaba detrás de este grave hecho”.
En tanto, el juez residual y acusado por los abogados de Sala, de armar la causa, y otras cosas más, el juez Pablo Pullen Llermanos admitió que la prueba «palpable» era muy difícil de encontrar, pero aclaró que “los indicios deben ser utilizados por los jueces para reforzar las pruebas directas, que no existe ni ahora», sostuvo.
En cuanto a la posibilidad que el Tribunal en lo Criminal N°3 que ordene que Milagro Sala cumpla la prisión domiciliaria en su casa del barrio capitalino de Cuyaya, como había ordenado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Ministro de Gobierno y Justicia, Oscar Agustín Perassi habló sobre el tema.
El funcionario dejó en claro que la Justicia es la encargada de definir quién es culpable y quien es inocente y dijo que la persona considerada culpable tiene que estar detenida y ante eso no se puede considerar dos tipos de detenciones, porque de ser así se estaría naturalizando el funcionamiento de un sistema con toma de decisiones con preferencias y no preferencias.
Perrassi aseguró que el tribunal se equivoca porque no se puede andar cambiando las cosas a favor de un solo detenido de la provincia.
Para el titular de la cartera gubernamental, el detenido tiene un régimen que lo debe contemplar como tal y cuando se menciona la palabra “por razones humanitarias”, se debe tener en cuenta que todos los detenidos tienen ese tipo de problemas, porque todos los detenidos tienen familiares que pueden estar en situaciones extremas de salud con peligro de muerte y no por eso deben tener un tratamiento VIP por parte de la Justicia.
