Por Carolina Moisés (Diputada nacional (FdT, Jujuy) Muchas veces en la historia política de Gerardo Morales han quedado en evidencia sus contradicciones y mentiras. Ahora acaba de afirmar que “un gobierno no se puede quedar sin presupuesto, eso no puede ser una opción de país”, luego de que mandara a votar en contra del proyecto oficial a los dos diputados que le responden e influyera sobre el resto del bloque radical para que adoptara similar camino.
La actitud del gobernador de Jujuy y de Juntos fue la de rechazar el presupuesto nacional desde un inicio, sumando así otra actitud hipócrita y violenta de las que ya jalonan su posicionamiento político en relación a la administración del Presidente Alberto Fernández.
Si fuera cierto que entiende que un Gobierno no puede prescindir de la Ley de Leyes para su correcto funcionamiento, ¿por qué no asistió a la Residencia Presidencial de Olivos a la reunión de Gobernadores convocada por el Presidente para analizar cómo sostener las obras y el respaldo financiero a las administraciones provinciales?
Si es cierto que considera como un error no aprobar el presupuesto, ¿por qué no actuó el mismo jueves cuando comenzamos a tratarlo ¿Por qué opina ahora, tarde y de manera especulativa? ¿Por qué sostiene ésto, luego de participar de un encuentro con mandatarios de la oposición como Horacio Rodríguez Larreta, Gustavo Valdez y Rodolfo Suárez en la que se siguió atacando al proyecto oficial de presupuesto por ellos mismos rechazado la semana pasada?
Si considera que “no se impuso la racionalidad” en la decisión de rechazar el proyecto del oficialismo, Morales priorizó su pulseada personal dejando al país sin presupuesto para imponerse en la convención radical el mismo día viernes; manipuló al interbloque opositor en función de su interés personal y dejó en segundo plano las crecientes necesidades del pueblo jujeño, una vez más rehén de sus ambiciones y que ahora se quedó sin obras ni recursos.
Paralelamente, el gobernador envió a la Legislatura provincial su propio presupuesto, y en 24 horas los legisladores tuvieron que revisarlo, consensuarlo y expedirse, y sobre el que el oficialismo no autorizó ninguna de las modificaciones propuestas por la oposición.
Se trata de un presupuesto deficitario en el que el 73 por ciento del cálculo de recursos está destinado al pago de sueldos, en el que se incorporan cuestiones básicas de funcionamiento, pero también incluye nuevos endeudamientos en dólares. No es un detalle menor, siendo que del total de la deuda de la provincia no existe ni una sola rendición de cuentas para saber cuánta deuda se tomó, cómo se debe pagar y con qué intereses se está ejecutando. Pese a todo eso, fue aprobado a libro cerrado esta misma semana por la Legislatura de Jujuy.
Por decisión de Morales, Jujuy no percibirá en 2022 partidas que representaban 46.6 puntos más que lo presupuestado para 2021. Y al igual que las demás provincias del Norte no verá aumentados de 18 mil a 46 mil millones los subsidios al transporte urbano automotor, que tanto nos ocupamos de incluir en este presupuesto y que especialmente necesita la ciudad de San Salvador de Jujuy.
Tampoco avanzarán obras emblemáticas repetidamente prometidas por el propio gobernador, como la concreción de la autopista en la Ruta 34. La extensa lista de lo que Morales decidió que Jujuy no reciba se completa con otras obras viales, hídricas, de redes de agua potable, de construcción de edificios para un mejor funcionamiento de la Justicia y las unidades de género, además de mejoras en los complejos fronterizos de Jama y La Quiaca-Villazón y de infraestructura escolar, que su administración no resolverá ni puso como prioridad para los jujeños.
Si de verdad queremos que la política recupere credibilidad social y transparencia, es hora de que quienes la practican abandonen el doble discurso y la ambigüedad especulativa.
Pese a sus palabras cada más vacías, Gerardo Morales –eterno furgón de cola de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, y ahora de Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal–, es un actor central en la estrategia obstruccionista que niega recursos a las provincias y condena al país al enfrentamiento.