1F en Jujuy: «Generar miedo y disciplinar, esa es la paz social de la que habla el gobernador»

Referentes de organismos de derechos humanos de Jujuy y organizaciones sociales y sindicales brindaron una conferencia de prensa en la que convocaron a manifestarse esta tarde a partir de las 17 horas en la plaza Belgrano de San Salvador para reclamar por un Poder Judicial autónomo del poder político y por el fin de la criminalización de la protesta en la provincia.

La jornada nacional tendrá su epicentro en la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la ciudad de Buenos Aires. En ese marco, expresiones en el mismo sentido se organizan en todos los puntos del país.

«Las organizaciones sociales han sido ejemplo emblemático de la falta de justicia en Jujuy y del uso de la justicia para reprimir la protesta», expresó en la conferencia Oscar Alfaro, ex preso de la dictadura genocida e integrante de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy.

En esta línea, Alfaro mencionó cuatro ejemplos: el encarcelamiento de Milagro Sala, la persecución judicial contra el abogado Héctor Huespe, la represión contra los vecinos del barrio Campo Verde y el procesamiento de dos referentes de la ATD.

En representación de la CTA-Autónoma de Jujuy estuvo presente el sindicalista Fernando Acosta, quien advirtió: «El Poder Judicial no expresa a la justicia, sino que expresa al poder, al poder económico y al poder político, y defiende los intereses de los poderosos y no del pueblo».

«Venimos con este reclamo por la libertad de los presos políticos y por el cese de la persecución y de las contravenciones que se usan para amedrentar asustar y castigar a quienes reclamen –continuó–, no así a los causantes de los problemas, los abusadores y violentos que están en el gobierno y sin embargo no los tocan, mientras a las víctimas de ellos sí las castigan y persiguen».

Acosta hizo referencia al caso de Carlos Pedro Blaquier, procesado por las detenciones ilegales en el Ingenio Ledesma durante la dictadura cívico militar, recientemente excluido de la posibilidad de enfrentar un juicio por su avanzada edad. «Blaquier puede seguir veraneando en Punta del Este mientras los que vienen reclamando justicia no tienen respuesta», dijo.

«Esta tarde vamos a ir a la plaza –convocó Acosta–. No es cuestión de banderas ni de sectorización. Se trata de expresarnos, decir lo que opinamos sobre el Poder Judicial en la provincia, así como el problema de la Corte va a tener una expresión multitudinaria en Buenos Aires».

De la conferencia participaron también representantes de Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), que reafirmaron el reclamo por una justicia independiente con perspectiva de derechos humanos y de género.

Además de cuestionar la ampliación e integración del Superior Tribunal de Justicia, Malka Manestar remarcó que «la creación del Ministerio Público de la Acusación es inconstitucional».

A nivel nacional, mencionó que «la Corte Suprema y Casación Penal ha hecho que se dilaten las causas, y han logrado por ejemplo la impunidad de Blaquier».

En representación de la Mesa Coordinadora contra la Violencia Institucional, Fabiola Suárez remarcó que «la justicia viene avasallando todos los derechos que se consiguieron en 40 años de democracia, que costó sangre y pérdidas dolorosas».

«En Jujuy no tenemos una justicia independiente, porque desde hace seis años es manejada por el Ejecutivo persiguiendo a todo el que quiera hacer un justo reclamo», afirmó.

En particular, Suárez hizo referencia a la contravención labrada contra Padres y Madres del Dolor, que este lunes se manifestaron acompañando a familiares y allegados de la joven Dafne Morena Soto, víctima de femicidio. «Es inadmisible lo que han hecho, sancionar por reclamar justicia ante la pérdida de sus familiares. Acá no se ha salvado nadie, ni periodistas, ni vecinos, ni estudiantes. Todo aquel que levanta la voz es sancionado con multas exorbitantes que se aplican a ciudadanos muchas veces humildes», dijo.

En el mismo sentido se expresó Gonzalo Maurin, de Nuestramérica, en representación de las organizaciones sociales. «En Jujuy se vienen atropellando los derechos y garantías constitucionales de la mano del gobernador en complicidad con la justicia, que carece de autonomía e independencia», advirtió.

En particular, describió la situación de las organizaciones sociales y de la economía popular, que vienen padeciendo la aplicación de contravenciones con cada movilización. «En diciembre se salió a pedir por una navidad con pan y trabajo, y en tiempo exprés fueron multados el 15 de y los primeros días de enero llegaron las notificaciones», relató.

«Aplican multas en dinero y también en trabajo comunitario. Y trabajo comunitario es lo que hacemos todos los días», ironizó Maurin.

«Generar miedo y disciplinar, esa es la paz social de la que habla el gobernador», señaló.

Recordó que, en el caso de la ATD, «además de las causas armadas, hubo gente infiltrada en la organización».

Los organismos de DD.HH. convocan a la ciudadanía a la marcha del #1F en Jujuy