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Carta abierta de los trabajadores del hospital Garrahan a los senadores y senadoras de la nación

Nuevamente nos dirigimos a ustedes como trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan, principal centro pediátrico de referencia del país. Lo hacemos no solo desde nuestro rol en el cuidado de la salud de miles de niños, niñas y adolescentes, sino también como testigos —y muchas veces víctimas— del deterioro sostenido de la salud pública infantil, profundizado por un Poder Ejecutivo Nacional que reduce personas a cifras en una planilla de Excel.

Hoy les pedimos, con urgencia y firmeza, que nos acompañen una vez más en la defensa de la salud pública infantil: rechacen el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Pediatría y al fortalecimiento del Sistema Nacional de Residencias.

Este veto no es solo insensible. Es técnica y socialmente inaceptable. En el Garrahan ya se fueron más de 240 profesionales en 18 meses, se desarmaron equipos interdisciplinarios, y se sobrecargó al personal que sostiene día a día la atención, intentando evitar su deterioro.

Negar esta ley es abandonar a miles de familias.

Recientemente, las autoridades del hospital anunciaron un bono extraordinario para el personal. Queremos dejar en claro que ese bono no resuelve el problema de fondo, y no puede presentarse como reemplazo de la ley vetada. Además, discrimina entre personal asistencial y no asistencial (cuando debiera repartirse de manera igualitaria entre todos los trabajadores) y es solo por tres meses.

Ese bono no es parte de una política nacional de financiamiento, ni una medida de recomposición salarial estructural: es un parche con dinero del propio hospital.

Se trata de fondos obtenidos de los ingresos genuinos que generamos los trabajadores, por el cobro institucional de las prestaciones a obras sociales y prepagas. Fondos que, como se reveló a partir de un pedido de informes de la Cámara de Diputados, estaban invertidos en un fondo financiero del Banco Nación, acumulando más de 40 mil millones de pesos al 31 de diciembre de 2024, mientras el hospital se deterioraba y nosotros perdíamos más del 60% de nuestro poder adquisitivo.

Ese dinero no vino del Estado Nacional, y tampoco alcanza. El Garrahan no puede —ni debe— sostenerse solo con recursos genuinos. La salud pública requiere una política activa de financiamiento estatal. La ley de emergencia pediátrica y fortalecimiento de las residencias apunta justamente a eso: a garantizar presupuesto real para recomponer salarios, frenar la fuga de profesionales, y sostener un sistema de atención que ya está al límite.

Por eso decimos con claridad: este bono no soluciona nada.

A quienes ya votaron a favor el pasado 22 de agosto: gracias. Hoy tienen la oportunidad de reafirmar esa decisión y sostener el mandato democrático del Congreso. No permitan que un decreto presidencial borre esa conquista.

A quienes aún dudan: escuchen el reclamo de quienes estamos en los pasillos, quirófanos, salas y guardias. No es cuestión de recursos, es cuestión de prioridades. Esta ley representa apenas el 0,05% del PBI. ¿De verdad creen que la salud pediátrica es lo que pone en jaque al Estado?

Y a quienes votaron en contra o se ausentaron —Senadores Abdala, Álvarez Rivero, Arrascaeta, Atauche, Bedia, Olivera Lucero, Pigotto, Paoltroni, De Ángeli y Romero— les decimos con claridad: cada niño o niña que quede sin atención, cada residente que abandone el sistema, cada cama que no se pueda abrir, cada urgencia que no se resuelva a tiempo, será su responsabilidad. Tendrán que dar respuestas a su propia gente de sus propias provincias cuando el Garrahan ya no esté. No podrán alegar desconocimiento.

El 2 de octubre tienen la posibilidad de elegir de qué lado de la historia quieren estar. Apelamos a su responsabilidad institucional y a su humanidad. No sean cómplices. No perpetúen el abandono. Rechacen el veto. Los ojos del país están puestos en ustedes. Y también la memoria.

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