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El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció este lunes que se desclasificarán los documentos del fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, 45 años después, con el objetivo de «saldar una deuda con la ciudadanía».
«La memoria no puede estar bajo llave. Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre», escribió en una publicación en la red social X.
Varias formaciones políticas habían atribuido a esa documentación la culpa del retraso en la aprobación de la nueva ley de secretos oficiales, una iniciativa debatida en múltiples ocasiones en el Parlamento sin que, hasta el momento, se haya conseguido su aprobación, mientras sigue vigente la legislación que data de la época de la dictadura franquista, de 1968.
En los últimos años, ha trascendido el sumario del caso que juzgó lo sucedido aquel día y que tuvo a España en vilo durante 18 horas justo cuando echaba a andar una tambaleante democracia.
‘¡Viva el Rey!’
El teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, quien protagonizó las históricas imágenes entrando armado en el Congreso de los Diputados y disparando al techo para mantener durante horas retenidos a los parlamentarios, declaró: «El general [Alfonso] Armada me dijo que no tenía que haber derramamiento de sangre bajo ningún concepto. Que una vez que entráramos, el grito debía ser ¡viva el rey! ¡viva España! y que en todo momento debía hacer saber a los diputados que estábamos a las órdenes del rey».
Tejero había sido condenado a siete meses de prisión por conspiración para la rebelión debido a su participación en otro plan de golpe de Estado en 1978. A partir de ese momento, tuvo contactos con militares con ideas parecidas, como el teniente general Jaime Milans del Bosch y el general Alfonso Armada, quien mantenía una estrecha relación con el rey Juan Carlos I desde 1954 como instructor militar, preceptor, ayudante personal y, finalmente, secretario general de la Casa del Rey.
Un golpe que legitimó a Juan Carlos I
La sentencia del juicio descartó cualquier forma de implicación del rey y condenó a 30 años de cárcel a Milans y Tejero, mientras que sentenció a Armada a seis años, que posteriormente fueron elevados a 30.
Antes de ser liberado, Milans pasó nueve años en prisión; Tejero, 13 y Armada cinco, aunque en 1988 fue indultado por razones de salud. Murió 25 años después, en 2013, a los 93 años.
Aquella intentona golpista fracasó, al no contar con el apoyo unánime del Ejército y tras la intervención televisada del rey Juan Carlos I, que en la madrugada del 24 de febrero envió un mensaje desautorizando el golpe y mostrando su apoyo a la recién nacida democracia.
Ese episodio sirvió para dar legitimidad a un monarca que había sido nombrado por un dictador e impuesto, en 1978, en la Constitución, sin dar a los españoles opción de pronunciarse sobre la forma política del Estado.
A pesar de que la mayoría de la ciudadanía española consideró al rey como garante de la democracia, también se propagaron numerosas teorías sobre su participación en el golpe de Estado y que sostienen que su implementación habría sido una jugada maestra para blanquear la figura de Juan Carlos I.
La decisión anunciada hoy por Sánchez se tomará el martes en el seno del Consejo de Ministros y entrará en vigor el 25 de febrero, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
RT
