La Unión Tranviarios Automotor (UTA) reiteró el reclamo salarial, cuando este lunes se cumple el quinto día de paro con asistencia a los lugares de trabajo, pero sin brindar el servicio de transporte público de pasajeros, que son alrededor de unos 170 mil usuarios, que se quejan por las redes social por la ausencia de colectivos y desde el sábado, por intermedio de las mismas, proliferan los servicios alternativos y truchos para viajar, desde distintos barrios al centro.
Los delegados de las empresas permisionarias de brindar el servicio, junto a la dirigencia sindical, afirman por enésima vez que “la huelga será levantada sí los trabajadores cobran los salarios y la primera cuota del sueldo anual complementario”, conocido como aguinaldo.
También se supo, en las últimas horas que algunas empresas de transporte abonaron parte de la adeudado de los haberes, como reveló el presidente del Concejo Deliberante capitalino, Lisandro Aguiar, quien dijo “las empresas como Urbano, San Jorge y Xibi Xibi ya pagaron la totalidad de los sueldos adeudados” y resaltó que “ninguno empleado cobró el aguinaldo en la provincia”.
Luego, señaló que “exhortó a la UTA a deponer esta actitud, sentarse a dialogar en el marco de la conciliación y respetar la ley y a los vecinos únicos perjudicados”.
En tanto, en el ámbito legislativo, el presidente de la Comisión de Transporte de la Legislatura, Rodolfo Nieto de Cambia Jujuy salió con los tapones de punta contra los empresarios, hasta analiza, junto a sus pares, convocar a al presidente de la Cámara de Transporte de Jujuy, Oscar Inklemona por sus dichos públicos: “Qué quiso decir con la amenazante frase “los que no pagan pasaje, van a pagar”, aseguró Nieto.
En este sentido, el legislador recordó que “no sólo viajan sin cargo personas con discapacidad, sino también policías”. “¿Acaso también quiere atentar contra la seguridad pública?”.
El diputado cuestionó las pretensiones de las empresas prestatarias del servicio de transporte público de pasajeros que “usan como rehenes a los usuarios” con el fin de “extorsionar al gobierno” y así “conseguir recursos para sanear sus erráticas administraciones”.