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Luego de la práctica quirúrgica a la niña de 12 años para parir en una sala del Hospital Materno Infantil «Dr. Héctor Quintana», que tenía una gestación de 24 semanas y media, producto de una violación de un vecino de su familia, identificado como José Luis Dávalos, exigen la renuncia de Ministro de Salud, Gustavo Bouhid.
La solicitud fue realizada por la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir exigieron la renuncia de Bouhid.
El pedido de salida del funcionario de la cartera sanitaria, fue expresada en un documento público:
“Desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir queremos informar a la comunidad, la sucesiva y constante vulneración de los derechos hacia la niña de 12 años internada en la Maternidad Provincial.
Manifestamos nuestro apoyo a los y las médicos/as que garantizaron la práctica quirúrgica a la niña vulnerada en su integridad producto de una violación. Ambos profesionales son parte de la Consejerías de Salud Sexual Integral, por lo tanto, están capacitados en el manejo y el cuidado de las personas gestantes en situación de interrupción, siendo lo suficientemente sensible para comprender las causales sin mediar objeción alguna o posturas ideológicas.
Repudiamos y exigimos la renuncia del ministro de Salud, Gustavo Bouhid por la falta de confidencialidad, de celeridad y la intromisión de los medios de comunicación, dando su opinión personal, donde deja claro su interés en velar por la supervivencia de un feto antes de garantizar la integridad en la decisión de la niña y su familia.
Repudiamos enérgicamente a la directora del Hospital, Dra. Alicia Vargas y al jefe de servicio de Gineco-Obstetricia, Dr. Gustavo Briones y su equipo, quienes ejercieron violencia institucional y obstétrica y no cumplieron con los principios rectores de los protocolos, ya que, en la asistencia durante la interrupción legal del embarazo, focalizaron la atención en el proceso de la gestación, por atención integral de la niña.
Las acciones de las últimas horas de estos y estas funcionarios y funcionarias incurren en un trato cruel y siguen revictimizando a la niña y a su familia, por lo tanto, deben recibir sanciones disciplinarias correspondientes. Exigimos de ahora en más se efectivicen los derechos de las personas gestantes en el segundo y tercer nivel de atención.
Vamos a seguir trabajando generando el pleno acceso a los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos».
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