8M: masiva movilización nacional contra la violencia y la desigualdad económica

Bajo la consigna de visibilizar la realidad que atraviesan mujeres y diversidades, organizaciones sociales, sindicales y políticas protagonizaron una jornada de lucha en todo el territorio nacional. La movilización, impulsada por Ni Una Menos y acompañada por centrales obreras (CGT y ambas CTA), colmó las calles desde el Congreso hacia Plaza de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires, con réplicas simultáneas en provincias como Jujuy, Tucumán, Entre Ríos y Buenos Aires.

Los datos que sostienen el reclamo

La movilización no fue solo un acto simbólico, sino una respuesta directa a una realidad alarmante:

  • Violencia extrema: Según el observatorio MuMaLá, Argentina registra un femicidio cada 39 horas.
  • Brecha salarial: Un informe del CEPA confirma que los hombres ganan entre un 27% y 29% más que las mujeres, una brecha que se agudiza en la informalidad.
  • Cuotas alimentarias: UNICEF reveló que 7 de cada 10 padres en el país incumplen con la cuota alimentaria, dejando la carga total de crianza y manutención sobre las madres.

Un 8M con postales políticas

La jornada tuvo dos momentos que marcaron el pulso político. Por un lado, un grupo de manifestantes se acercó al domicilio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Constitución, donde cumple prisión domiciliaria. La exmandataria salió al balcón para saludar a la columna antes de que esta retomara su camino hacia el centro porteño.

Por otro lado, llamó la atención la actitud del Gobierno nacional. A diferencia de otras protestas, la administración evitó confrontar con el movimiento feminista y mantuvo un perfil inusualmente bajo. No se desplegó el protocolo antipiquetes ni hubo un dispositivo de seguridad especial para restringir la circulación, permitiendo que la marcha se desarrollara sin las tensiones habituales de otros operativos represivos.

La jornada volvió a confirmar que, pese a los cambios de gestión, las demandas históricas del feminismo —seguridad, igualdad económica y corresponsabilidad en las tareas de cuidado— siguen siendo la deuda pendiente del Estado.

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