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Tras conocerse la resolución del Tribunal en lo Criminal Nº 3 que rechazó la ‘probation’ solicitada por dos integrantes de organizaciones sociales, desde el Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular (FUyO) y la Red de Organizaciones Sociales repudiaron el fallo y advirtieron que “la justicia puesta a dedo por los radicales sigue emitiendo resoluciones que se corresponden con sus intereses y no responden a los principios básicos del derecho”.
Hace unos días, en la misma línea, el Superior Tribunal de Justicia emitió una resolución a favor del senador que, “amparado en sus fueros y con total impunidad, no tuvo inconvenientes en violar el Código Penal”, dijeron.
Los abogados de Mirta Guerrero y Patricia Jaldín, imputadas en la causa que iniciaron productores del equipo periodístico de Jorge Lanata, señalaron que “en un dictamen, que roza el escándalo por su parcialidad, el fiscal del Tribunal, Marcelo Cuellar, recomendó rechazar la probation presentada, cuando se tendría que haber excusado por ser un más que reconocido dirigente radical y además fue apoderado de la UCR, además, de amigo y pariente Gerardo Morales, y confeso enemigo de la Tupac Amaru en distintas causas civiles y penales».
«El fiscal en cuestión tiene un evidente interés en la criminalización de las organizaciones sociales, influyó sobre los jueces, quienes plantearon que la opinión del fiscal es vinculante y por ello rechazaron el pedido. Sin embargo, en otros expedientes con penas mayores a las del caso en cuestión, el mismo Tribunal sí ha otorgado el derecho a la suspensión de juicio a prueba y vamos a dar los ejemplos contundentes», afirman.
Uno de los argumentos del fiscal radical para denegar el pedido de probation fue que la pena en cuestión superaba los 3 años de cárcel. «Sin embargo, y por mencionar solo tres casos que nada tienen que ver con la organización social, el mismo tribunal otorgó el beneficio a pesar que esas causas implicaban penas mayores», aseguran.
Los casos que mencionan son el expediente número 45/13, por estafa mediante el uso de tarjetas de débito hurtada, con una pena máxima de 6 años; el expediente 51/05, por malversación culposa e incumplimiento de los deberes de funcionario público, robo calificado en grado de participación y robo calificado por uso de armas de fuego, cuya pena máxima es de 10 años, y el expediente 220/2010 por robo calificado por ser en poblado y en banda. En todos los casos el mismo tribunal sí otorgó la probation.
Según los abogados de las imputadas, las personas por las que se solicita la probation “no tienen condenas anteriores, han ofrecido reparar los daños, han ofrecido cumplir las tareas comunitarias que el tribunal le imponga y está conforme a los requisitos que el código ha establecido para concederles el beneficio de suspensión de juicio a prueba. Es evidente que la resolución del Tribunal no responde a un acto de justicia sino a un interés político tan evidente, que roza el escándalo”, señalaron e insitieron que la resolución del fiscal exhuma un parcialidad tan evidente que insulta la inteligencia de la misma comunidad.
En relación al fallo emitido el pasado viernes por el Superior Tribunal de Justicia, desde el FUyO también aseguraron que “Gerardo Morales, un conocido denunciador, se ampara en sus fueros para cometer ilícitos y después sale en la prensa a decir que el Superior Tribunal de Justicia falló en contra de Milagro Sala -cuando ni siquiera evaluó el contenido de la demanda-, porque la estrategia del senador se basó en hacer uso de su cargo político para evadir la justicia”.
En mayo del año pasado, Milagro Sala presentó un amparo para que el legislador y la UCR dejen de realizar publicaciones que lesionen su legítimo y constitucional derecho a la intimidad. «No se trataba, como quiere hacer creer el senador, que se ha convertido en un verdadero difamador serial, de acallar las denuncias sobre supuestos hechos y/o actos que pondrían de manifiesto graves irregularidades en asuntos de interés público».
Por el contrario, la presentación se hizo a partir de un caso puntual «que constituyó una violación al artículo 51 del Código Penal. Morales divulgó causas en las que Milagro Sala y dirigentes sociales y gremiales fueron sobreseídos por sus luchas en los ’90. Las acusaciones buscan criminalizar la protesta social y tienen el claro objeto de desprestigiar a los dirigentes”, aclararon los abogados de Sala. Y agregaron: “La Resolución es una clara muestra de que los jueces siguen respondiendo a quienes los designan a dedo y no a un principio de justicia que debería ser, según lo establece la ley, en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos”.
