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El gobierno de Colombia anunció este domingo que presentará un proyecto de ley antivandalismo en el primer mes de la nueva legislatura, que comenzará el 20 de este mes, mientras las manifestaciones iniciadas hace más de dos meses y su represión continuaban en las calles del país.
«El compromiso es presentarlo para esta legislatura y vamos a avanzar con eso; por supuesto, el proceso de socialización más importante es en el Congreso de la República, allí será debatido amplía y democráticamente», explicó el ministro de Defensa, Diego Molano, a la radio RCN.
Las declaraciones de Molano reforzaron la iniciativa que el presidente Iván Duque propuso hace cuatro días al Congreso, para que la sociedad diferencie lo que «debe ser la protesta pacífica».
El proyecto se anticipó en el contexto de las movilizaciones contra el gobierno que se registran desde hace más de dos meses, con enfrentamientos, fuerte represión policial y más de 60 personas muertas.
«Después de lo que hemos visto desde el 28 de abril, es claro que Colombia necesita una ley antivandalismo; se debe respetar la manifestación pacífica, pero se debe ser absolutamente contundente contra el vandalismo y la violencia que hemos visto», argumentó Molano.
En la misma línea, subrayó que «estos actos generan destrucción en el sistema de transporte público, en establecimientos comerciales y en monumentos».
«Es por eso que de ahí surge la iniciativa de esta ley antivandalismo, que está en construcción entre los ministerios de Justicia, Interior y Defensa y la Consejería para la Seguridad Nacional», explicó, citado por la agencia de noticias Europa Press.
El documento que se baraja tiene tres líneas de acción: «determinar nuevos tipos penales para delitos, penas más severas y diferenciar cómo a través de la acción en contra del vandalismo se protege la manifestación pacífica».
La represión de la policía a las manifestaciones fue denunciada por organismos de derechos humanos y la comunidad internacional.
Las marchas se iniciaron por una reforma impositiva finalmente retirada, pero mantuvieron su fuerza e intensidad contra la militarización de las calles, en reclamo de una reforma a la policía y un estado más solidario para lidiar con los estragos económicos de la pandemia, que elevó la pobreza de 37% a 42% de la población.
En cifras oficiales, al menos 20 personas fallecieron en las movilizaciones, mientras para organizaciones civiles y la Defensoría del Pueblo la cifra supera las 60 víctimas mortales.
La ONG Human Rights Watch acusó a la policía de estar implicada en al menos 20 homicidios, y sostuvo que 16 de las víctimas recibieron tiros disparados por agentes con intención de «matar».
