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Denuncian que una «gestión maliciosa» llevó a la liquidación del Banco de Desarrollo 

«Estamos luchando para que no se liquide. Estamos tratando de explicarle a aquellos que tienen en sus manos el destino que puede darse al Banco de Desarrollo, que es una institución viable», afirmó a El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) el abogado Carlos Blanco, quien se incorporó a la institución hace 27 años y actualmente presta servicios en el área de juegos de azar. Otros trabajadores llevan incluso más de 40 años de trabajo.

Para Blanco, lo que llevó a la situación actual, en la que se habla de disolución de la entidad, fue «la gestión maliciosa» de su último presidente, Marcelo Fernández, designado en 2016 con la transformación del Banco de Acción Social en Banco de Desarrollo.

A fines de julio pasado, el gobierno provincial informó que la institución pasaba a denominarse Agencia de Desarrollo de Jujuy Sociedad del Estado (Adjse), por orden del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que le quitó la autorización para usar el nombre de «banco».

Sin embargo, Blanco explicó que esto no es exactamente así: «Justifican la liquidación a partir de una nota que envía el Banco Central intimándonos a que dejemos de usar la denominación de banco. Pero en ningún el Central dice que se tiene que disolver ni habla del destino que tiene que tener la institución».

«Durante 42 años el Banco de Acción Social tuvo actividades financieras sin el reconocimiento del Central, porque si bien eran de naturaleza financiera no encuadraban dentro de la órbita de la ley financiera de la nación», agregó. Y puso como ejemplo la tarjeta de crédito del BAS e incluso la anunciada tarjeta Pachamama, «que tuvo un lanzamiento estruendoso» en 2017.

En este contexto, el abogado aseguró que aún se puede iniciar el trámite de reconocimiento y autorización del Banco Central e interpretó que la decisión de liquidar la entidad «es exclusivamente política y está atada con alambre, queriendo justificarla con esa intimación, algo que no se cree nadie».

«Fernández tuvo cuatro años y medio de gestión. En el decreto 438 está la orden del gobernador de concluir el proceso de transformación y obtener la autorización del Banco Central. Este señor no cumplió con su obligación», apuntó Blanco.

Lo más urgente, por estas horas, tiene que ver con la situación de los 142 trabajadores de la entidad. De estos, cerca de la mitad tienen más de 50 años. En este período de transición, les ofrecen pasar a la administración pública. Y el que quiera, que inicie una demanda.

Si bien les prometieron que les van a reconocer la antigüedad, la perspectiva no es alentadora, ya que por las escalas salariales vigentes calculan que los sueldos se reducirían a la mitad. Esta posibilidad no solo afectaría el ingreso de los trabajadores sino además los haberes jubilatorios futuros, que se calculan a partir del promedio salarial de los últimos diez años de aportes.

«Yo he trabajado 37 años y he hecho los aportes que corresponden para tener un haber más o menos digno. Los mejores aportes los he hecho en estos últimos cinco años. O sea que pasando a la administración pública tiro por la borda toda una vida de aportes», detalló Blanco, y agregó: «Esa no puede ser la aspiración de nadie».

Para el abogado, «es lamentable pensar que vamos a equiparar para abajo». Es que el promedio salarial en el estado provincial es menor que el ingreso necesario para no caer debajo de la línea de pobreza. «Tienen 80 mil empleados públicos pobres, familias que están bajo la línea de pobreza, pero no les interesa», agregó.

En tanto, la Asociación Bancaria denunció que el gobierno provincial está llevando adelante un «vaciamiento» de la institución. El delegado en Jujuy, Pablo Meneghini, advirtió que podrían decidirse un paro nacional para reclamar por la situación de los trabajadores locales.

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