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La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó este viernes a la justicia federal de Resistencia una investigación histórica sobre la Masacre de Napalpí, con la intención de contribuir al juicio por la verdad que se realizará en Chaco sobre crímenes de lesa humanidad cometidos contra los pueblos Qom y Moqoit en 1924.
Se trata de un informe que analiza documentos oficiales, bibliografía y testimonios de sobrevivientes y familiares para «reconstruir lo ocurrido hace casi un siglo atrás, el contexto histórico en el que sucedió y dar cuenta de los motivos que llevaron a perpetrar la masacre», indicaron fuentes del organismo que encabeza Horacio Pietragalla Corti.
La Masacre de Napalpí fue perpetrada el 19 de julio de 1924, cuando más de un centenar de policías, gendarmes y colonos fusilaron a miembros de las comunidades qom y moqoit que protestaban por las pésimas condiciones de vida y laborales en la reducción que habitaban en la zona central de Chaco, por entonces un Territorio Nacional.
Ese día fueron asesinadas, mutiladas y enterradas en fosas comunes más de 200 personas de distintas edades y la represión continuó durante meses con la persecución a quienes habían sobrevivido.
La Masacre de Napalpí quedó reconocida por la justicia federal como un crimen de lesa humanidad, pero como los posibles imputados están muertos, se realizará un juicio por la verdad oral y público a pedido de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia.
La investigación de la Secretaría, realizada desde la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales en Materia de Derechos Humanos por un investigador especializado en Historia, fue entregada hoy a la justicia y da cuenta del período histórico previo al momento de la masacre.
En el trabajo se describe «el proceso represivo en el que se enmarcaron y las razones que llevaron a las comunidades a rebelarse y protestar por las condiciones en las que vivían y trabajaban».
También se reconstruyen «los hechos que ocurrieron ese 19 de julio y se da cuenta del rol que tuvieron las fuerzas represivas, agentes judiciales y funcionarios del gobierno del entonces presidente Marcelo Torcuato de Alvear».
El trabajo detalla «la negación y el encubrimiento» de estos crímenes por parte de las autoridades, que «lograron sepultar los hechos por décadas, y cómo volvió a salir a la luz recientemente a través de sobrevivientes y sus hijos e hijas, que protegieron la memoria sobre estos hechos y lograron relatarlo a la justicia».
En julio de este año, al cumplirse el aniversario 97 del ataque, el lugar donde ocurrió la masacre fue señalizado por la Secretaría de Derechos Humanos como Sitio Histórico Memorial Napalpí en un acto en el que participaron Pietragalla Corti y el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich.
«En esta señalización y en todo el trabajo que realizamos estamos reconociendo claramente que lo que se cometió en este lugar fue un genocidio, que fueron delitos de lesa humanidad, que las argentinas y los argentinos no debemos olvidar», expresó Pietragalla.
La investigación que se presentó este viernes, el acompañamiento en el juicio y la señalización por la Masacre de Napalpí son parte del trabajo que la Secretaria de Derechos Humanos impulsa como parte del proceso de reconocimiento y reparación de causas históricas, como la Masacre de Rincón Bomba (1947) y los hechos de la Patagonia Trágica (1919-1921), indicó el organismo.
Querella chaqueña
En una presentación realizada ante el Juzgado Federal N°1 de Resistencia en julio pasado, la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Chaco solicitó constituirse en querellante particular en la causa en la que se formuló el requerimiento del Juicio por la Verdad.
El Estado chaqueño fundamentó su pedido considerando que «la Masacre de Napalpí constituye un crimen de lesa humanidad cometido por el Estado Argentino» y que podrá intervenir «con pruebas fehacientes de los hechos, facilitar los medios para garantizar la producción de testimonios, realizar recomendaciones, y otros tipos de aportes como la apertura de los archivos provinciales».
Rosa Grillo, sobreviviente de la masacre, dio testimonio ante los fiscales en 2018
“Entendemos que es fundamental presentarnos como querellantes, a fin de generar una instancia en la cual se recupere la Memoria, la Verdad y la Justicia, buscando ampliar el campo de los derechos humanos y tomar al genocidio indígena como un eje central para alcanzar esas metas. Esto representa un reconocimiento histórico, que permite sin dudas una transformación en el presente, tendiendo a una sociedad menos racista y más plural, inclusiva y equitativa”, destacó la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez.
El fiscal Federal Ad Hoc de Derechos Humanos, Diego Jesús Vigay, destacó la importancia de la decisión y sostuvo que «la relevancia del Juicio por la Verdad que se propone reside en la reparación que se intenta a partir de que se puedan conocer todos los hechos, testimonios y documentos de la causa».
Junto a sus pares Federico Carniel, Carlos Amad y Patricio Sabadini, Vigay firmó el pedido ante el Juzgado Federal N° 1 de Chaco para que se realice el proceso. «Después de llevar a cabo una larga investigación concluimos que estábamos ante un delito de lesa humanidad y que había que realizar una sentencia histórica para las víctimas de esta masacre», subrayó Vigay, quien inició una investigación sobre estos hechos en 2014.
El Equipo Argentino de Antropología Forense tuvo a su cargo la investigación de los restos en 2019
En su investigación, la Fiscalía encontró entre los principales responsables de los hechos al entonces presidente Alvear, a su ministro del Interior, Vicente Carmelo Gallo; al gobernador interventor de Chaco, Fernando Centeno, y al administrador de la reducción Napalpí (zona en la que una comunidad aborigen era confinada por el Estado), Mario Arigó, entre otros autores materiales e intelectuales.
Reparación
En septiembre de 2020, en una histórica sentencia de reconocimiento al pueblo Qom, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco, dictó un fallo en el que consigna el resarcimiento económico del Estado nacional a ese pueblo indígena por los hechos acontecidos el 19 de julio de 1924 en lo que se conoce como la Masacre de Napalpí.
El Estado deberá pagar 375 millones y cumplir con una serie de requisitos tendientes “a la no repetición del hecho”, según solicitó la Asociación Civil La matanza, que litiga desde 2004 por la tragedia ocurrida hace casi un siglo y en la que, precisan, fueron asesinadas 1500 personas pertenecientes al pueblo Qom.
En su sentencia, la Cámara indica que el fallo se da “a 96 años del momento en que se perpetró la mayor matanza de pueblos indígenas en el siglo XX, en la Argentina”.
Por esa acción genocida y por la negación del hecho que en los discursos oficiales se sostuvo como “un enfrentamiento entre indígenas”, el Estado deberá pagar 375.930.000 pesos además de resarcimientos no patrimoniales.
“Por el genocidio perpetrado el 19 de julio de 1924, y en días posteriores” especifica la sentencia, ya que muchas personas murieron días después por heridas producto de la represión en la matanza de Napalpí, que en lengua qom significa “lugar de los muertos”.
La sentencia, dictada por las juezas María Denogens y Rocío Alcalá, ordenó además al Estado un plan de inversiones públicas y constituir una Mesa de Diálogo con la Asociación para seguir el destino de los fondos.
