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El congelamiento de precios de productos básicos dispuesto por el gobierno nacional requiere que se controle el cumplimiento. En la provincia de Jujuy, quien debe fiscalizar es Defensa del Consumidor, que depende del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción. Sin embargo, pasados cinco días de la publicación de la norma en el Boletín Oficial de la República Argentina, el gobierno provincial no informó sobre el tema.
Claudia González, abogada especializada en la defensa de usuarios y consumidores, lo dijo con claridad: «No somos una isla. Somos un estado provincial que forma parte de un país. Y estas leyes son de orden público. No es que Jujuy si quiere hoy controla una cosa y mañana si no quiere no la controlo», afirmó en diálogo con el programa Día 6 (FM Conectar 91.5).
Los consumidores pueden denunciar tanto si detectan precios que superan los máximos establecidos como si encuentran que hay desabastecimiento de algunos de los productos comprendidos en la disposición, explicó. En este último caso, los inspectores deberían evaluar a qué se debe la falta de mercadería.
La abogada detalló el contexto en el que se tomó la medida: «Tenemos una espiral inflacionaria tremenda y hay que empezar a frenarla. Hay un frente externo con el tema de la deuda y hay una cuestión interna con la inflación, en la cual influyen por un lado el atraso de los sueldos y por otro lado los precios».
Y agregó: «Los precios son una deuda pendiente no de este gobierno, yo diría que de los últimos cinco, porque no se ataca la causa del problema, que es la formación de los precios, sino la consecuencia, normalmente con parches».
Sobre la legitimidad de la disposición, explicó: «La decisión del gobierno nacional de decretar precios máximos es absolutamente legal. Está usando las herramientas que normativamente tiene para poner freno a un aumento que es injustificado porque no tiene relación con los costos de producción, y está tratando de asegurar el consumo interno con productos esenciales de la canasta básica».
Recordó luego que está vigente la Ley de Góndolas, que busca garantizar la competitividad. «No puede ser que el sector de los productos esenciales esté cartelizado en cuatro o cinco grupos económicos que fijan los precios y se dan el lujo de tener tres líneas de producción, con productos premium, medianos y los de más bajo costo, que también son de ellos».
«Nosotros creemos que tenemos opciones, pero si leemos la letra chiquita vemos que siempre son las mismas marcas», agregó.
En suma, se trata de que los consumidores paguen por el producto lo que efectivamente vale. «No se trata de que trabajen a pérdida ni es una medida en contra de nadie, sino que tiende a asegurar la provisión de productos esenciales en la mesa de los argentinos. Por lo tanto, los consumidores solo podemos apoyar una medida así».
Claudia González
«Los usuarios y consumidores somos los primeros controladores. Tenemos la posibilidad de hacer denuncias y tenemos leyes nacionales que nos amparan: la ley de defensa del consumidor, la ley de defensa de la competencia y la ley de desabastecimiento», precisó.
En el caso de la Resolución que congela los precios por 90 días, la autoridad de aplicación en Jujuy es la Dirección de Defensa del Consumidor, que debe controlar el cumplimiento a través de sus inspectores.
«Más allá de que nosotros tenemos un gobernador que se da el lujo de tomar decisiones aun en contra de las disposiciones nacionales, como hizo por ejemplo en materia sanitaria en el primer año de la pandemia, no somos una isla. Somos un estado provincial que forma parte de un país. Y estas leyes son de orden público», indicó González.
Y aclaró: «No es que Jujuy si quiere hoy controla una cosa y mañana si no quiere no la controlo».
Tampoco es necesario que la Provincia tenga que adherir a la medida con una norma de tenor similar a la Resolución de Nación, porque el control está delegado por Nación en las autoridades locales.
«Lo que sí podría darse, que estaría muy bueno, como se dio en Precios Cuidados y en otros programas nacionales, es que salieran a controlar los municipios a través de sus divisiones de control comercial», comentó.
Control precario
Sin que haya habido ninguna toma de posición desde el gobierno provincial sobre el tema, es razonable dudar de que esos controles se realicen de manera efectiva.
González describió: «En Jujuy, la Dirección de Defensa del Consumidor quedó más relegada a partir de la modificación de la ley de ministerios que dispuso el gobernador Morales. Antes tenía rango de secretaría de estado y ahora tiene rango de dirección».
Por otro lado, reveló que los inspectores están como personal precarizado. «No puede ser que la gente que sale a las rutas a controlar el tema del transporte ilegal, por ejemplo, esté contratada, sin saber si el mes viene le van a renovar el contrato, que no tiene obra social ni ropa de trabajo porque no es personal de planta», opinó.
«El personal que hace tareas de contralor tiene que ser el mejor pago y tiene que ser de planta -continuó-. Y tiene que haber más. En este momento tenemos 20 inspectores y tenemos que tener 40. Y deberíamos tener delegaciones en el interior de la provincia».
Sobre la cobertura territorial de los controles, González sugirió que la Provincia haga acuerdos con los municipios para empleados de cada comuna recorran los negocios de la localidad.
De todos modos, la abogada insistió en que los primeros controladores son los propios consumidores: «Conozcamos los precios, conozcamos los productos y no temamos a hacer las denuncias que corresponden -convocó-. Y cuando algo está caro, no lo compremos. El poder que tenemos los consumidores es el boicot, y acá es donde lo tenemos que usar. Es legítimo. Tenemos que poder decidir qué compramos y qué no».
