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La Asociación Civil Memoria Activa lo aseguró en una carta que envió a cada uno de los senadores que participarán del debate de una nueva ley de inteligencia.
El oficialismo aceptó cambios al proyecto.
El texto contiene, además, una serie de sugerencias sobre los puntos centrales del proyecto a discutirse en el recinto de la Cámara alta entre los que destacaron la necesidad de «transparentar el sistema de utilización de fondos de inteligencia».
La carta firmada por Adriana Reisfeld y Diana Malamud, presidenta y secretaria general de Memoria Activa, pone énfasis en «el régimen del secreto», «el régimen de reserva de fondos» y «la función de la agencia de inteligencia como oficial de la justicia», tres aspectos sobre los que el oficialismo ya anunció cambios respecto del proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo.
La carta fue difundida luego de que este mediodía el secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, anunciara cambios en la misma dirección que reclama Memoria Activa como el de establecer la prohibición de que los agentes funcionen como auxiliares de la justicia, otorgar mayor transparencia a los gastos reservados de la nueva Agencia Federal de Inteligencia y reducir de 25 a 15 años el plazo para la desclasificación de información reservada.
La misiva de Memoria Activa toma como base la investigación del atentado a la AMIA y el desvío de la causa y a partir de allí eleva a los senadores una serie de recomendaciones sobre como debería ser la nueva ley. Al comienzo de la carta las autoridad de Memoria Activa se refirieron al pago realizado con fondos reservados de la SIDE para que Carlos Telleldín brindara una declaración en el marco de la investigación que permitiera el desvío de la investigación.
«La clave para conocer que existió la entrega de dinero fue el relevo del secreto del ex presidente Néstor Kirchner en el 2003 y la desclasificación de información .
Esto permitió que declararan en juicio agentes que habían estado directamente involucrados en la transacción, que contaron de su existencia», sostuvieron y remarcaron que el camino de los fondos de inteligencia, o al menos de una porción de los mismos, debería ser transparentado para no depender solo de decisiones políticas y de los interese de los agentes.
«Lo que se necesita es que el proyecto incorpore mayores regulaciones que impongan obligaciones al Poder Ejecutivo y sus agencias sobre el modo en que deben registrar la ejecución de los gastos públicos y reservados», sostuvieron.
Sobre el «régimen de secreto» sostuvieron que «la reserva de información sólo es admisible si sirve para prevenir que los intereses de la Nación sean afectados y la divulgación de ciertas actividades específicas del Sistema no necesariamente afecta esos intereses».
Sobre la relación entre los servicios de inteligencia y la justicia señalaron que «buena parte del trabajo de la producción de inteligencia está orientado a la búsqueda de información, no de pruebas» y sostuvieron que «es fundamental que se analice de qué modo se puede establecer que los agentes que realizan actividades vinculadas a una investigación criminal, como auxiliares de la justicia, si se sostiene la excepción del artículo 4 de la ley de inteligencia vigente, deben quedar sometidos a las reglas de procedimiento».
Por eso, remarcaron, «es importante advertir que en el marco de investigaciones criminales los jueces deben tener pleno acceso a la información secreta, al modo de su obtención o producción y a las identidades de los agentes involucrados».
