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Por Ailín Bullentini, en Página/12. La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó los procesamientos de una docena de civiles, militares y policías retirados por perseguir, secuestrar, torturar y abusar de personas travestis y trans durante la última dictadura cívico militar.
El fallo de la alzada avaló además la decisión del juez federal de primera instancia Ernesto Kreplak, sobre las responsabilidades de los acusados en crímenes de lesa humanidad contra unas 300 personas que pasaron por los Pozos de Banfield y Quilmes y el centro clandestino conocido como El Infierno durante el terrorismo de Estado. El genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz lideraba la lista de acusados, pero falleció el pasado 2 de julio. La fiscalía intentará incluir los casos en el juicio que se está llevando a cabo desde hace casi dos años por los hechos que tuvieron a esas Brigadas policiales como escenario.
Los procesamientos dictados por Kreplak en tres dictámenes diferentes llegaron en abril pasado y fueron históricos. Porque además de completar el mapa de violaciones a los derechos humanos perpetradas en esos tres centros clandestinos que fueron pilares fundamentales en el circuito Camps de represión, tortura y exterminio en el territorio de la provincia de Buenos Aires, reconocen por primeva vez el ataque sistemático contra el colectivo travesti y trans dentro del accionar del terrorismo de Estado.
Hasta abril pasado, la causa que investiga los hechos del Pozo de Banfield contaba con un solo caso de la comunidad travesti trans en la lista de víctimas querellantes que llegaron a juicio, que fue incluído dentro de los casos que están siendo evaluados en el juicio oral en curso. Los procesamientos dictados por Kreplak ampliaron el universo de víctimas reconocidas por el Estado –a excepción del caso antes mencionado, no hay otros que hayan llegado a juicio y son poquísimos los que integran un expediente judicial de lesa humanidad en todo el país– así como de responsabilidades, que alcanzó a Jaime Smart, Jorge Antonio Bergés, Roberto Balmaceda, Alberto Candioti, Carlos María Romero Pavón, Juan Miguel Wolk, Héctor Di Pasquale y Luis Horacio Castillo. Los otros procesamientos confirmados incluyen a Carlos Fontana, Guillermo Domínguez Matheu, Emilio Herrero Anzorena, Federico Minicucci y Enrique Barre.
Todos fueron procesados por secuestros, las torturas y los vejámenes sufridos por ocho integrantes de la comunidad trans en el Pozo de Banfield. Etchecolatz integraba la lista, pero falleció en julio pasado. A excepción de Castillo, para quien la medida de Kreplak significa su primera vinculación en una causa de lesa humanidad, el resto ya cuentan con condenas previas por su participación en el genocidio de la última dictadura.
Aquellos procesamientos fueron apelados por las defensas, tanto privadas como públicas, de los acusados, con diversos argumentos: desde planteamientos de nulidad por falta de pruebas hasta discusiones sobre la consideración de los hechos como crímenes de lesa humanidad. Con las firmas de los jueces César Álvarez y Roberto Lemos Arias, la Cámara rechazó todos los planteos y confirmó las decisiones de Kreplak.
Desde la Unidad Fiscal Federal de La Plata solicitaron que todo lo confirmado por la Cámara sea incorporado al debate oral y público que está desarrollando el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata desde octubre de 2020 sobre los crímenes cometidos en las Brigadas de Banfield, Quilmes y Lanús durante la última dictadura, teniendo en cuenta “las dificultades de llevar a cabo un juicio, las demoras en la conformación de los tribunales y el hecho de que el tiempo se transforma en impunidad”, explicó Ana Oberlin, auxiliar fiscal de la unidad. Hubo una década de demora entre la elevación a juicio oral de la causa por los crímenes del Pozo de Banfield y el comienzo del debate.
La resolución de la Cámara trata sobre “casos que comparten prueba común con los que están siendo analizados en juicio, se trata de personas que pasaron por los mismos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio y, a excepción de uno –Castillo–, compaten los mismos imputados”. Para Castillo, el pedido de la Fiscalía apunta a que sea incorporado como acusado.
