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Comenzaron a regir en España las leyes de salud sexual y trans, que habilitan a las jóvenes de 16 y 17 años a interrumpir su embarazo durante las primeras 14 semanas sin permiso paterno y a quienes tengan más de 16 años cambiar su nombre y sexo en el Registro Civil solo con el deseo expreso del solicitante.
Ambas normas fueron aprobadas en el Congreso de España el pasado 16 de febrero.
Autodeterminación de género
La Ley trans, que fue aprobada con 191 votos a favor, 60 en contra y 91 abstenciones, reconoce la autodeterminación de género para mayores de 16 años y cualquier persona podrá cambiar su sexo registral sin necesidad de presentar informes médicos o psicológicos ni someterse a procesos de hormonación.
Esta decisión deberá ser ratificada por el solicitante tres meses después, y la Administración tendrá un mes más de plazo, por lo que todo el proceso durará unos cuatro meses como máximo.
Los menores de entre 14 y 16 deberán contar con el apoyo de sus padres, mientras que entre los 12 y los 14 años será necesaria una autorización judicial.
Los menores de 12 años no podrán cambiar su sexo, pero sí su nombre en los documentos oficiales.
La ley, iniciativa insignia de la formación de izquierda Unidas Podemos, despertó no solo el esperado rechazo del conservador Partido Popular (PP) y de la ultraderechista Vox, sino también resistencias de parte del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el socio mayoritario -que más bancas tiene en el Parlamento- de la coalición gobernante.
Los socialistas plantearon importantes objeciones a la ley e incluso pusieron en duda la constitucionalidad de aspectos como el de los menores, hasta que perdió la pulseada con Unidas Podemos y acabó asumiendo el texto tal como salió.
Con su puesta en vigor, España pasa a ser uno de los pocos países que autorizan la elección del género de forma sencilla y se inscribe en la línea inaugurada por la Argentina hace casi 11 años con la Ley 26.743, que significó una ruptura a nivel mundial en materia de derecho a la identidad de género, dado que fue la primera que exigió un dictamen judicial o médico/psicológico para el cambio registral de nombre y sexo en el DNI.
Interrupción de embarazo
La Ley de salud sexual, en tanto, que recibió 185 votos a favor, 154 en contra y tres abstenciones, además de eliminar el requisito del consentimiento paterno para abortar en el caso de las menores de 16 y 17 años, suprime los tres días de reflexión de la norma anterior, garantiza que la interrupción del embarazo se pueda llevar a cabo en hospitales públicos y blinda el aborto frente a protocolos antiabortistas como el que propuso el partido de ultraderecha Vox en la región de Castilla y León.
Entre otros cambios, la reforma de la Ley del aborto también introduce el reconocimiento de la salud menstrual como parte del derecho a la salud; la distribución de métodos anticonceptivos en centros penitenciarios, de servicios sociales y durante las campañas de educación sexual en los institutos de secundaria, o la corresponsabilidad de los hombres en el uso de los anticonceptivos, reportó la agencia de noticias AFP.
El aborto se despenalizó en España en 1985 y luego se legalizó en 2010, pero sigue siendo un derecho plagado de obstáculos en este país tradicionalmente católico.
La ONU celebra
Expertos* de la ONU acogieron con satisfacción la adopción de legislación integral feminista contra la discriminación en España, que garantiza y facilita el acceso a los derechos sexuales y reproductivos en el país.
Los expertos anotaron que estas medidas legislativas garantizan el acceso a aborto seguro en centros estatales de salud, elimina los denominados procesos de “reflexión” impuestos arbitrariamente a las mujeres, garantiza el acceso de todas las mujeres (incluidas las mujeres lesbianas, bisexuales y solteras) a las técnicas de reproducción asistida y constituye a España en el primer país europeo en introducir legislativamente el permiso menstrual.
Gracias a esta legislación la educación sexual integral formará parte de todos los años de escolaridad obligatoria, y se protegerá aún más la autonomía corporal de las mujeres, y de las mujeres jóvenes en particular. “La historia del feminismo es una historia de persistencia frente a la injusticia social”, dijeron.
“Descrita como un logro feminista fundamental, esta legislación ha sido adoptada como parte de una ambiciosa agenda para el progreso de la sociedad española”, agregaron.
Las medidas relativas a los derechos sexuales y reproductivos se promulgaron en forma paralela a legislación integral que aborda la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual, la identidad de género y las características sexuales. La consolidación del carácter igualitario de los derechos de las madres lesbianas, la prohibición de la mutilación genital para los niños intersexuales, y la adopción de medidas para poner fin a las prácticas llamadas “terapias de conversión” perpetradas contra las personas LGTBI son algunas de las características específicas de este verdadero programa nacional para promover la inclusión social en todos los sectores, incluyendo la salud, el empleo, la educación, la cultura y el mundo de los negocios.
Los expertos señalaron que la legislación harmoniza el sistema español de reconocimiento legal de la identidad de género a través de la autoidentificación, identificada por la ONU como mejor práctica. Contrariamente a algunas narrativas erróneas, el nuevo sistema garantiza la seguridad jurídica a través de la posibilidad de revisión judicial, colocando adecuadamente la carga de la prueba en la parte recurrente y en el Estado, y no en las personas trans u otras personas de género diverso. De esta manera, la legislación elimina obstáculos arbitrarios, humillantes y dañinos para la persona humana.
“Estas leyes fueron adoptadas a través de un proceso parlamentario reflexivo y participativo que tomó seis años, y que contó con el asesoramiento de expertos de la ONU”, dijeron los expertos. Los expertos subrayaron que la legislación fue adoptada el mismo día en que la Comisionada Europea de Derechos Humanos, Dunja Mijatović, renovó su llamado para poner fin a las nocivas prácticas de «terapia de conversión» en toda Europa.
Los expertos instaron a otros Estados a seguir su ejemplo. “Medidas legislativas como estas abordan las causas profundas de las violaciones generalizadas de los derechos humanos contra las mujeres y las niñas y las personas LGTBI”, dijeron, alentando a actores estatales y no estatales a que sus discusiones sean basadas en evidencias científicas y no en prejuicio.
“Estas discusiones deben ser protegidas del atractivo populista que las fuerzas regresivas pueden ver en la explotación de discursos antiaborto, anti-educación y anti-trans”, dijeron los expertos, anotando que no se debe olvidar los vínculos que existen entre la lucha contra la violencia y la discriminación que enfrentan todas las mujeres y niñas (incluidas las mujeres lesbianas, bisexuales y trans) y los hombres homosexuales, bisexuales y trans, así como otras personas de género diverso e intersexuales.
Los expertos saludaron el papel de los sobrevivientes de la violencia y de la sociedad civil durante todo el proceso. “Cada vez que observamos la adopción de una ley, política pública o jurisprudencia que promueve la igualdad, inmediatamente recordamos el trabajo de los defensores de derechos humanos, sobrevivientes y activistas”, dijeron. “Ellos fueron los que proporcionaron sus historias, recopilaron la evidencia y llevaron a cabo el trabajo de defensa y persuasión para que las autoridades españolas pudieran abrazar plenamente la idea de que estas medidas legislativas son elementos clave para garantizar que todas las personas puedan vivir libres e iguales en dignidad y derechos”, dijeron los expertos.
*Los expertos: Sra. Dorothy Estrada-Tanck (Presidenta), Sra. Ivana Radačić (Vicepresidenta), Sra. Elizabeth Broderick, Sra. Meskerem Geset Techane y Sra. Melissa Upreti del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas; Sra. Tlaleng Mofokeng, Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; Sra. Farida Shaheed, Relatora Especial sobre el derecho a la educación; Sra. Alexandra Xanthaki, Relatora Especial en la esfera de los derechos culturales; Sr. Victor Madrigal-Borloz, Experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.
Los expertos forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven en su capacidad individual.
