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Paula Álvarez Carreras consideró que el gobernador Gerardo Morales «hace un uso demagógico y propagandístico de los derechos humanos», al analizar el momento político en que se conmemora un nuevo aniversario del golpe cívico militar eclesiástico de 1976. Para la abogada, coordinadora de los juicios de lesa humanidad en la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) de la Nación, el acuerdo firmado por Morales con, entre otras empresas, el ingenio Ledesma, es «una cachetada a los organismos de derechos humanos».
En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), Álvarez Carreras opinó que este nuevo aniversario del golpe de 1976 se da en un momento particular, por varios motivos. «Primero, porque vamos a cumplir un año más de democracia en un contexto conflictivo, de ataque permanente a la democracia, de persecución judicial que se mantiene, situaciones que no sólo no se han podido modificar sino que se profundizaron», precisó.
«Es también una vez más el momento de volver a salir a la calle, acompañar a las madres, a las abuelas y a los organismos de derechos humanos que nunca bajaron los brazos. Justamente, en este contexto de crisis, tenemos que tomar la enseñanza de ellos para seguir defendiendo la democracia y empezar a despabilarnos, evidenciar determinadas situaciones y no tolerarlas más», completó.
Para la abogada, que integró el equipo de defensa de Milagro Sala, el mantenimiento de la prisión de la dirigente social y el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner son dos ejemplos claves de la situación que describe.
En particular en la provincia, Álvarez Carreras analizó: «Morales no puede hablar de derechos humanos cuando no respeta las garantías del debido proceso para las personas que hoy están siendo perseguidas. Me refiero a Milagro pero también a todos los dirigentes sociales que hoy tienen una causa abierta, sea contravencional o penal, permanentemente amenazados de perder la libertad. Entonces, que venga a hablar de la defensa de los derechos humanos realmente resulta abusivo».
Se refirió en particular al anuncio del gobernador Gerardo Morales sobre un «programa para empresas comprometidas con los Derechos Humanos”. Entre dichas empresas figuran el Ingenio Ledesma y Mina El Aguilar, dos firmas que colaboraron en el pasado con el aparato represivo desplegado en Jujuy durante la última dictadura cívico militar.
«Es una cachetada, sobre todo a los organismos. Lo digo con toda sinceridad. Y ocurre a días del fallecimiento de Carlos Blaquier, a días de haberse consagrado la impunidad, porque Blaquier tenía garantizada la impunidad con la decisión de Casación. La justicia le hizo todos los favores posibles para garantizar que llegara a este momento», indicó Álvarez Carreras, quien representó a la querella de la SDH en el último juicio de lesa humanidad desarrollado en Jujuy.
«Este reconocimiento de Morales a las empresas, esta supuesta reivindicación de los derechos humanos en un contexto de persecución, suena a burla», afirmó, y agregó: «Jerarquiza la tarea de los derechos humanos creando un ministerio, pero en el fondo esconde todo lo contrario».
En su opinión, «Morales hace un manejo demagógico y propagandístico no sólo de este tema, sino también cuando habla de recursos naturales, de defensa de los pueblos originarios».
Como ejemplo, mencionó el «Festival del Litio» organizado por el gobierno provincial en la zona de Olaroz Chico, en momentos en que comunidades de la puna resisten el avance de la explotación de ese mineral en sus territorios. «Cuando escuché lo del Festival del Litio, pensé que era una broma. Porque lo único que se ve es el avance en la apropiación de los recursos. Y también en la apropiación de los discursos, que es lo más preocupante porque en realidad esconden otra cosa», analizó.
