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El padre y el abuelo del autor material del femicidio de Cesia Reinaga quedaron libres tras el juicio abreviado en el que confesaron haber encubierto el crimen. Recibieron una pena de tres años, pero la justicia consideró que ya estaba cumplida. El adolescente que violó, asesinó y ocultó el cuerpo de la joven no fue procesado por ser menor de edad. La familia Reynaga repudió la decisión judicial y denunció amenazas e intimidaciones. «Es el crimen perfecto», sintetizó la prima de Cesia.
Cesia Nicole Reinaga, de 18 años, desapareció de su casa de Abra Pampa en los últimos días de agosto de 2020. Once días después, el 8 de septiembre, su cuerpo sin vida fue hallado en el exmatadero municipal de esa localidad, enterrado en el barro, tras un llamado anónimo que brindó datos precisos a la policía, y luego de que el pueblo entero se movilizara junto a su familia reclamando por la aparición de la joven.
Por el femicidio, un adolescente de 14 años fue declarado responsable, pero por su edad no fue sometido a juicio ni penado. Su padre y su abuelo, Benito Agüero y Humberto Mendoza, fueron procesados y condenados a 3 años de ejecución penal por encubrir el hecho y amenazar a testigos. Además, la justicia les prohibió que vuelvan a Abra Pampa.
«De aquí en adelante es Dios quien va a ser nuestro juez, nuestro mejor juez. Confiamos totalmente en él. Esto nos duele el alma, no corresponde», se lamentó conmocionada Elisabeth Ramos, la madre de Cesia, tras recibir la notificación.
En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), Débora, la prima de Cesia dijo que se encuentran «con una sensación de impunidad terrible, recién hoy nos notifican y nos comunican que están libres desde el 17 de agosto».
«Esta es la justicia que tenemos. Es un crimen perfecto», sintetizó la joven.
Sobre el adolescente que asesinó a Cesia, afirmó: «Era un niño al momento de matar, así que no se le puede hacer nada. Y se debe proteger su identidad para que nadie sepa, para que nadie lo acuse. No podemos decir su nombre ni mostrar su foto. Y él está en San Salvador, en una escuela secundaria, quizás terminando el quinto año junto a otros alumnos que ni saben lo que él hizo».
«Violó, mató, hubo diez días de búsqueda y no pasa nada con él, ni siquiera un reformatorio», agregó.
Sobre el procesamiento y la condena al padre y el abuelo del adolescente, Débora comentó: «El encubrimiento se logró demostrar gracias a un tratado internacional que nosotros empezamos a investigar y a exigir en las marchas. En realidad no iban a hacer nada porque según nuestras leyes el delito de encubrimiento no existe cuando hay lazos de consanguinidad. Entonces se logró eso, condenarlos por encubrimiento. Ahora ya están libres y la causa se cerró».
La sentencia
Benito Cándido Agüero y Humberto Carmen Mendoza fueron sentenciados a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por ser coautores materiales y responsables de los delitos de encubrimiento agravado y amenazas coactivas en concurso real.
La sentencia fue dictada el pasado 16 de agosto por el Tribunal en lo Criminal Nº 3, y en ella los jueces hacen lugar al acuerdo arribado por el Ministerio Público de la Acusación, representado por el fiscal Alejandro Bossatti, y los imputados, con la asistencia de su defensor técnico Daniel Ibáñez, mediante el procedimiento de juicio abreviado previsto por el artículo 385 del Código Procesal Penal.
En ese trámite, los acusados confesaron su responsabilidad en los hechos por los que fueron procesados, aceptando la aplicación de la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y el pago de una reparación económica para la madre de la víctima.
El Tribunal ordenó la inmediata libertad de Agüero y Mendoza, imponiéndoles reglas de conducta que deberán cumplir por el tiempo de la condena, entre ellas «la prohibición de concurrir o ingresar a la localidad de Abra Pampa, abstenerse de ejercer actos de violencia en cualquiera de sus tipos (física, sexual, social, económica, etc.) y/o actos molestos por cualquier medio: personal, telefónico (llamadas, mensajes, WhatsApp), redes sociales, en contra de la madre de la víctima y demás familiares de la misma».
El Tribunal estuvo integrado por las juezas Ana Carolina Pérez Rojas –presidente de trámite- y Margarita Nallar y el juez Mario Ramón Puig.
