La interrupción voluntaria del embarazo está amparada por la ley, pero no siempre se cumple

Cada 28 de septiembre se conmemora el Día de Lucha por el Derecho al Aborto Libre y Gratuito en América Latina y el Caribe. La ley vigente y la jurisprudencia establecen el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y un protocolo de actuación para que se brinde el servicio en los hospitales públicos. Sin embargo, la lucha se mantiene por la plena vigencia de ese derecho y, sobre todo, para evitar que sigan muriendo mujeres a causa de abortos clandestinos.

La fecha que se conmemora se estableció en 1990 en el marco de un encuentro feminista regional que se realizó en Argentina. “Todas las mujeres reunidas allí, tomando en cuenta las complicaciones generadas por el aborto inseguro, sobre todo las muertes, decidieron conmemorar este día para pedir la despenalización y legalización del aborto”, relató a El Submarino Elena Meyer, médica jujeña que integra la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, un colectivo de 375 profesionales y auxiliares autoconvocados de doce provincias.

“En la Argentina se reconoce por ley la interrupción legal del embarazo, que está contemplada en el artículo 86 del Código Penal”, explicó Meyer, y recuerdó que en 2012 hubo un fallo “con el que se ampliaron bastante las posibilidades y las situaciones en las cuales una mujer puede solicitar en un hospital público la interrupción del embarazo”.

Sin embargo, aclaró, “hay una deuda con el aborto legal seguro y gratuito porque en muchas provincias no se cumple”.

En julio pasado, el Ministerio de Salud de la Nación aprobó el Protocolo Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, una guía que regula la manera en que se debe asistir a las mujeres en los centros de salud de todo el país, en el ejercicio del derecho que reconoce el artículo 86 del Código Penal de interrumpir el embarazo.

Ese artículo dice que la mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo cuando está en riesgo la salud de la madre, y que el Estado tiene que garantizarlo. También, cuando el embarazo es producto de una relación no consentida o una violación, y cuando la mujer tiene una discapacidad mental.

-¿Se cumple el protocolo?

-Los protocolos dan pautas para que se garantice el aborto en los hospitales, con calidad y de manera segura; por eso son una herramienta muy importante de los servicios de salud para que esto se pueda garantizar y lo hagamos de la mejor manera. La provincia de Jujuy adhiere, y tenemos el protocolo en vigencia, pero todavía existe una línea fina en la que muchos se escudan diciendo que todavía no es del todo legal ni seguro, dicen que no están de acuerdo, que no lo van a hacer por cuestiones éticas y morales.

-¿Está contemplada esa posibilidad?

-No. La ley dice que nadie puede objetar. El profesional que no quiera hacerlo, tiene la obligación de derivar a la mujer a otro profesional que sí lo garantice. La objeción de conciencia no está reglamentada en Jujuy, pero aun así se le debe dar la información a la mujer y garantizarle el servicio, para que no se haga un aborto clandestino.

-Esa falta de garantía provoca que continúen haciéndose.

-Así es. Este año murió una chica que se practicó un aborto, y esto no debería suceder. Por eso es necesario difundir los derechos para que las mujeres exijan que se cumpla. Lo que ocurre además es que cuando una mujer llega al hospital en esta situación, se produce un maltrato, hay violencia hacia ella. Pero este derecho es una lucha ganada. Interrumpir el embarazo es una decisión de la mujer y la tienen que respetar. Los objetores de conciencia en Jujuy no están reglamentado, porque lo tiene que hacer por escrito, pero aun así le debe dar y garantizar información de derivar a la mujer para que no se haga un aborto clandestino.