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Ciudad de Panamá volvió a vivir este martes protestas de quienes reclaman la derogación del contrato que permite a una compañía canadiense operar en el país la mina de cobre más grande de Centroamérica, ante lo que el presidente Laurentino Cortizo advirtió que no tolerará desórdenes.
Agentes antimotines se distribuyeron en varios puntos de la capital y otras ciudades y provincias, después de que la jornada de protestas del lunes derivara en choques entre decenas de manifestantes y policías, que usaron gases lacrimógenos para dispersarlos.
«Hago un llamado a la cordura, a respetar las leyes e instituciones, la propiedad privada y pública, y el libre tránsito. No toleraré vandalismo ni llamados a la anarquía, ni comisión de delito alguno. Estos actos serán judicializados», aseguró Cortizo, en un mensaje en televisión, reseñó la agencia AFP.
Varias de las principales calles de la capital fueron cerradas y en algunos sectores los manifestantes quemaron neumáticos y lanzaron piedras contra la policía. El Ministerio de Educación decidió mantener a suspensión de clases en todo el país.
Las protestas, lideradas por el poderoso sindicato de la construcción y en las que participan maestros, médicos, obreros y otros gremios, comenzaron el viernes, una vez que el Congreso aprobó, en tres debates en menos de 24 horas, la ley que permite la operación de la minera canadiense First Quantum Minerals.
Para peor, el presidente le dio sanción a la iniciativa en la misma noche, lo que agudizó las quejas de quienes consideran «inconstitucional» el contrato, advierten que los aportes de la compañía al Estado son insuficientes y denuncian que la mina representa una amenaza para el medio ambiente.
La ley selló el acuerdo firmado este año entre la minera y el gobierno, negociado después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional en 2017 el contrato de explotación original. «Tomamos la decisión correcta. No la más fácil. Luego de una difícil y complicada negociación por más de dos años se acordó en 2023», aseguró el presidente.
El gobierno destaca que la mina genera más de 8000 empleos directos y 40.000 indirectos, y aporta el 4% del PIB.
El contrato permite a la minera operar en Panamá por 20 años, prorrogables a otros 20. Desde febrero de 2019 la mina a cielo abierto, situada en la costa del Caribe, produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año.
«Nos mantendremos en las calles hasta derrotar el leonino contrato que permite el saqueo de nuestros recursos naturales», dijo a la prensa el secretario general del Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares, Saúl Méndez, desplegado en las diez provincias del país.
Los gremios docentes, informó el secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá, Fernando Ábrego, decretaron desde este martes una huelga general de 48 horas. En tanto, la Comisión Médica Negociadora Nacional anunció por su parte un paro escalonado e indefinido de labores.
Los colectivos que integran la Alianza Pueblo Unido por la Vida también paralizaron el país en julio de 2022 en manifestaciones contra el alto costo de la vida.
