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En los últimos días, se realizó el plenario anual de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) en la ciudad de Buenos Aires y en el cónclave analizaron el ajuste que está llevando a cabo el gobierno nacional, principalmente, la ola de despidos, la quita del Fondo Compensador del Transporte (FCT) y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).
El titular de la entidad en Jujuy, Pablo La Villa participó, junto a más de 50 representantes del organismo de todo el país. El encuentro se realizó en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ExEsma).
También debatieron la quita del subsidio al servicio energético y al gas natural; la situación del programa federal Incluir Salud; y el cierre de los Centros de Referencia (CDR), entre otros.
Durante su intervención, el ombudsman jujeño presentó un informe pormenorizado de las actividades más importantes y proyectos de la delegación provincial durante el año en curso.
Entre los cuales destacó el Defensoría Móvil en distintas localidades, ciudades, comunas y barrios de la provincia y las iniciativas promovidas mediante los institutos de Protección del Patrimonio Cultural y de Prevención de Adicciones y de Prevención, Promoción y Protección de los Derechos de la Mujer.
Durante el debate coincidió con sus pares sobre la preocupación por la situación que atraviesa el sistema de transporte público de pasajeros por una medida del gobierno nacional que “vulnera los derechos de los usuarios del transporte, quienes ya se ven perjudicados por un “servicio deficiente desde hace meses”.
En otro tramo de las discusiones, se refirió a la quita del subsidio y consecuente actualización de la tarifa de energía eléctrica. Se solicitó al Ministerio de Economía y Secretaría de Energía de la Nación un informe detallado de la situación con un pedido para se aplique una “racionalización del esquema de subsidios”.
Cabe indicar que previo al debate, los delegados participaron de una visita guiada por el predio donde funcionó durante la última dictadura cívico militar en el país como uno de los centros clandestinos, tortura y exterminio, iniciativa que se concretó en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y Justicia.
