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La ONU pidió este martes a Reino Unido “reconsiderar su plan” de expulsiones de migrantes a Ruanda, después que el Parlamento británico aprobara el controvertido proyecto de ley que permite la medida.
Los directores de las agencias de Naciones Unidas para los refugiados, Filippo Grandi, y para los derechos humanos, Volker Turk, pidieron al Gobierno británico que, en su lugar, “adopte medidas prácticas para hacer frente a los flujos irregulares de refugiados y migrantes, basadas en la cooperación internacional y el respeto de la legislación internacional sobre derechos humanos”.
Por su parte, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty, se sumó a la petición de la ONU, solicitando a Reino Unido que no deporte a Ruanda a migrantes, como autoriza la nueva ley, que a su parecer viola la independencia de la Justicia y diversos tratados internacionales firmados por Londres.
“El Gobierno británico debería abstenerse de transferir personas y debería dar marcha atrás a la violación efectiva de la independencia de la Justicia que contiene esta ley”, señala O’Flaherty en un comunicado emitido este martes.
O’Flaherty explica que aunque el nuevo acuerdo con Ruanda incorpora ciertas disposiciones para prevenir esa expulsión a los países de origen, el Tribunal Supremo había subrayado que hay que garantizar a las personas afectadas “la posibilidad de pedir un control judicial independiente” para determinar que el país al que sean enviadas se considera “seguro”.
El gobierno de Sunak se encuentra bajo presión para reducir el número récord de solicitantes de asilo que cruzan el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones desde el norte de Francia. Horas antes de que el proyecto superara su último obstáculo parlamentario el lunes a la medianoche, el dirigente conservador había anunciado que su plan se iba a aplicar “pase lo que pase”.
“Despegarán, pase lo que pase”, dijo Sunak, que ha hecho de la lucha contra la inmigración irregular una de sus prioridades ante las elecciones legislativas británicas este año. Los vuelos al país africano comenzarán en “diez o doce semanas”, insistió en una rueda de prensa destinada a presentar los medios utilizados por el gobierno para organizar estas expulsiones.
