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Este sábado en Córdoba apareció muerta Susana Beatriz Montoya, de 74 años, en su casa del barrio Ampliación Poeta Lugones, con signos de haber sido víctima de una muerte violenta: un golpe en la cabeza y un corte que podría haber sido producido por un arma blanca. Pero aún falta la autopsia.
Montoya es la madre de Fernando Albareda, hijo de Ricardo Fermín Albareda, un subcomisario de la Policía de Córdoba que militaba en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y fue desaparecido por la dictadura cívico-militar en septiembre de 1979, luego de ser secuestrado mientras trabajaba.
Fernando aseguró que «siempre hubo una persecución por parte de la misma Policía» hacia su persona. A su vez, aclaró que “eso fue hace mucho» y que pensaba que «ya era un capítulo superado, pero bueno, evidentemente no» y afirmó que «a mucha gente le debe estar molestando» su «manera de ser y de actuar”.
Las amenazas se profundizaron durante el proceso judicial por la desaparición de su padre, que en 2009 determinó la condena al genocida Luciano Benjamín Menéndez y tres exintegrantes del D2: Hugo Britos, Rodolfo Campos y Armando Cejas.
Años después, cuando parecía que todo estaba en calma, a comienzos de diciembre recibió una innumerable cantidad de advertencias e intimidaciones: llamadas telefónicas, papeles en el auto y notas con símbolos nazis por debajo de la puerta de su hogar en la zona norte de la ciudad de Córdoba fueron señales de que su vida estaba en riesgo.
“Te vamos a juntar con tu papito“; “Sos hijo de terrorista”; “Se te terminaron los amigos”; “No vayas más a la escuela ni a la jefatura. Vas a morir” fueron los mensajes que encontró el hijo de la víctima. Había carteles, escritos con una fibra negra, que estaban pegados en la entrada de su vivienda. Debajo de los papeles habían dejado seis balas calibre 22 largo. Esa causa, caratulada como amenazas calificadas y en manos de la Fiscalía Distrito 4 Turno 3 de la ciudad de Córdoba, no tuvo avances significativos, según confiaron a Infobae.
Luego de aquellos hechos ocurridos a fines de 2023, contó que en su vida siempre eligió «el camino de la Justicia; transitarlo pacíficamente siempre, pero ellos no tienen otro método que no sea la violencia, la negación, la persecución, el amedrentamiento a través del miedo».
En marzo pasado, la Policía de la provincia reconoció la responsabilidad del crimen de su padre, le otorgaron el «ascenso por mérito extraordinario» y aspiraba a que las charlas sobre Derechos Humanos que brindaba en la Escuela de Cadetes se formalice en la currícula de ingreso.
Ex integrante de la agrupación HIJOS Córdoba, Albareda hoy forma parte del Centro de Integración de Migrantes y Refugiados, que depende de Derechos Humanos de la Nación y de la Organización Internacional de Migrantes (OIM) de Córdoba, órgano dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
En tanto, en torno al crimen de Montoya hay un fuerte hermetismo a pedido del fiscal Juan Pablo Klinger para evitar que se entorpezca la investigación. El parte de prensa que dio cuenta del homicidio fue emitido a las 10.50 de este sábado. “Encontraron sin vida a una mujer en una vivienda”, decía a secas el comunicado.
Con el paso de las horas, se conocieron algunos detalles: se supo que fue Fernando quien, alarmado debido a que su madre no respondía los llamados, acudió a la casa. “Solo atiné a llamar a la Policía. Salté la tapia de la casa vecina y vi que estaba muerta, ya morada”, contó consternado a La Voz.
De acuerdo a su relato, ingresó a la propiedad y notó desorden, pero no pudo identificar si había algún faltante de valor. En principio, no se detectaron signos de que se haya forzado alguna abertura para el ingreso en la casa.
Los organismos de Derechos Humanos de Córdoba analizan qué pasos seguir y esperan el reporte definitivo de la autopsia y otros detalles de la investigación que puedan arrojar luz y clarificar algunas de las muchas hipótesis que podrían presentarse en un caso como este.
