Los bloques de Unión por la Patria (UxP), Democracia para Siempre (Radicales sin peluca), Encuentro Federal (EF) y Por Santa Cruz, que impulsaron la sesión especial de este martes a las 15:00, con el objetivo de buscar hacer caer el decreto sobre la deuda, buscaban llegar al quorum.
Sin un avance claro en las negociaciones entre el Gobierno y los gobernadores amigables, los bloques más enfrentados al oficialismo buscaban hoy alcanzar el quórum para tratar mañana la derogación del DNU sobre canje de deuda.
Si bien insisten que, ante la falta de un avance en las negociaciones, a los gobernadores les conviene anular ese DNU para que el Gobierno se vea obligado a tener que discutir el Presupuesto 2025, este argumento no convencía a todos los mandatarios de Juntos por el Cambio (JxC) y provinciales.
«El quórum está finito», reconocían desde uno de los bloques que convocó a esa deliberación del pleno del cuerpo, desde donde también señalaban que recién se tendrá claridad cerca de la hora de la sesión.
Será la última oportunidad que tendrán los opositores de tratar este año ese DNU porque el 30 de noviembre concluyen las sesiones ordinarias.
En el oficialismo tampoco había certeza respecto de lograr frustrar la sesión, como sucedió hace 15 días, pero señalaban que se estaba trabajando para que el Gobierno pudiera conservar este instrumento económico.
Para el ministro de Economía, Luis Caputo, es fundamental mantener el decreto 846 porque le permite renegociar la deuda sin tener que cumplir con los requisitos establecidos en la ley de administración financiera, que son mejorar dos de estos tres requisitos: plazos, interés o monto.
La sesión fue solicitada por el jefe de la bancada de UxP, Germán Martínez, junto a los legisladores de EF Emilio Monzo y Nicolás Massot, y los radicales disidentes de Democracia para Siempre Pablo Juliano, Carla Carrizo, y Dayna Tavela, entre otros.
Los bloques convocantes dicen que, para poder realizar la sesión, UxP debe garantizar 95 de sus 99 legisladores; Democracia para Siempre 10; Santa Cruz 1; Encuentro Federal 12 de 16, la izquierda 5 y 6 de la Coalición Cívica, con lo cual alcanzarían 129.
Pero hasta ahora no hay certezas de que UxP tenga esos 95 porque siempre alguno se ausenta, como sucedió hace 15 días; y ya tiene en claro que no contarán con los cuatro catamarqueños que responden a Raúl Jalil.
En esa ocasión tampoco asistieron los santiagueños que reportan a Gerardo Zamora; la neuquina Tanya Bertoldi y los mendocinos Adolfo Bermejo y Liliana Paponet.
Tampoco hay certeza de cuántos legisladores concurrirán de Encuentro Federal, ya que en esa deliberación tampoco contaron Ricardo López Murphy, el chubutense Jorge «Loma» Ávila; el entrerriano Francisco Morchio (que responde al gobernador Rogelio Frigerio) y los seis legisladores de Córdoba.
En cambio, el PRO, la UCR e Innovación aguardarán la posición que tendrán los mandatarios de esos partidos, que siguen insistiendo en tener una reunión en conjunto con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y Caputo.
Los gobernadores quieren reanudar como bloque las conversaciones con el Gobierno, pero hasta ahora el oficialismo solo acepta negociaciones individuales para tratar determinar aspectos que solicitan los jefes de las provincias.
Si bien el Gobierno sigue sosteniendo que es una «buena señal institucional» tener aprobado el Presupuesto, señala que si no sucede se prorrogará el aprobado hace dos años y habrá libre disponibilidad de partidas.
Los gobernadores reclaman cinco puntos: destinar la asignación específica del 2,55 del impuesto a los combustibles que se destinaba a obra y compensación del transporte a la masa coparticipable; financiar el déficit de las cajas previsionales; derivar parte del 1,9 de la recaudación de la ex AFIP a la coparticipación, compensación del Pacto Fiscal del 2017 y distribuir los ATN no utilizados.
«No hay ninguna chance de que vengan con las mismas propuestas», indicaron fuentes del Gobierno respecto al pedido de un sector de gobernadores dispuestos a establecer una mesa de diálogo.
El argumento del Gobierno es que esas demandas afectan el equilibrio fiscal ya que implican unos 3700 millones de dólares, aunque los dialoguistas dicen que se puede compensar con una baja de los gastos tributarios.