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En la audiencia de este jueves del juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en Jujuy, el Tribunal Oral Federal 1 anticipó que la etapa de alegatos podría comenzar en la primera semana de abril. Se trata de la causa denominada “Alma Rojas”, donde se investiga lo ocurrido con 17 militantes del Partido Comunista detenidos en 1976, algunos de los cuales permanecen desaparecidos.
Esta semana brindó testimonio Mirta Carrizo, quien se desempeñaba en 1976 en el Servicio Penitenciario de Villa Gorriti, donde había ingresado tres años antes. No aportó mayor información, ya que, aseguró, trabajó en tareas administrativas hasta que, tras el golpe de Estado, decidió renunciar.
Consultada sobre los días de guardia, afirmó que estuvo dos o tres veces en el sector donde alojaban a las mujeres detenidas, porque en ese entonces no había pabellón de mujeres, pero que nunca conversó con ninguna de ellas. “Imagino que eran presas políticas porque las comunes nunca estaban ahí”, contó.
Recordó que más de una vez observó «que llegaban personas detenidas que ingresaban cubiertas, le stapaban los ojos y los bajaban camiones y furgones del Ejército Argentino”.
También prestó testimonio José Luis Méndez, quien en el año 1978 trabajó en la Dirección de Trabajo de Jujuy. Dijo conocer al imputado Carlos Gutiérrez, pero no aportó datos significativos, al igual que el otro testigo de la jornada, Juan Fiori.
En este proceso se está develando la causa «Galeán y otros», que se ocupa de la detención y desaparición de siete militantes del Partido Comunista en la localidad Tumbaya y en San Salvador de Jujuy: Paulino Prudencio Galeán, su hermano Crecente, Rosalino Ríos, Elías Juan Toconás, Rosa Santos Mamaní, Carlos Villada y Vicente Cosentini, de grupo de 17 militantes del Partido Comunista que fueron detenidos entre 1976 y 1977.
Hay 14 represores que están procesados por los delitos de «privación ilegal de la libertad agravada”, “tormentos agravados”, “violación de domicilio”, “sustracción ilegal de objetos”, “robo en despoblado” y “homicidio agravado”. Eran miembros del Ejército Argentino, Servicio Penitenciario, Policía federal y Policía de Jujuy.
