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Los jueces de la Corte de Apelación del Segundo Circuito de Nueva York suspendieron por «tiempo indeterminado» la entrega del 51% de las acciones de YPF a los fondos buitres que ganaron u$s16.099 millones en el juicio por la expropiación de la petrolera ocurrida en 2012.
Con esta decisión, se puso un freno a la embestida judicial que inició la jueza Loretta Preska contra el país, que incluía un ultimátum de 72 horas para hacer efectiva su orden de transferir las acciones de la compañía.
Según indicaron fuentes vinculadas al caso, «en principio» la decisión de la Corte de Apelaciones es «por tiempo indeterminado» y hasta que un nuevo plazo sea fijado por un tribunal, que deberá será convocado especialmente en este caso.
Pero al mismo tiempo, dejó de correr el ultimátum de 72 horas lanzado por Loretta Preska para entregar el 51% de las acciones de YPF o sino dictaba un desacato contra la Argentinas.
Cómo sigue
El próximo paso también quedará en manos de la Cámara y será evaluar la apelación presentada por los abogados defensores de la Argentina, que se tramita en paralelo a la ejecución de la sentencia de Preska a favor de los fondos buitres.
Los camaristas deberán dar una respuesta definitiva al juicio: ratifican todo lo actuado por la magistrada, modifican parcialmente el fallo o lo revocan.
En los mercados esta decisión se lee como una «gran victoria» temporal del país, que resta riesgo financiero y da certidumbre a la largo plazo para la petrolera y sus proyectos en Vaca Muerta y con el GNL.
Los argumentos de Argentina
Entre sus argumentos centrales, los abogados del país sostienen que la orden de Preska viola el derecho federal norteamericano, así como la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional.
También mencionan la Declaración de Interés del Departamento de Justicia de EEUU, considerada como un respaldo institucional al país durante la administración de Joe Biden y Donald Trump.
Por último, la apelación advierte sobre un posible “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial” por parte del tribunal que emitió la condena.
Fuentes vinculadas al caso no descartan una inminete declaración pública de Donald Trump sobre este caso a favor del país.
Los argumentos de los fondos buitre
Los litigantes son Burford Capital, que compró los derechos de litigio del Grupo Petersen Energía e IEASA (ex Enarsa), y Eton Park Capital Management, pidieron por escrito la ejecución de la sentencia, que busca cobrar una indemnización de u$s16.099 millones en acciones Clase D de la compañía privada de mayoría de estatal.
Ya intentaron cobrarse con activos del Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y hasta el Banco Central, pero no lo lograron.
En esos escritos, Eton Park incorporó una transcripción traducida de una reciente conferencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof, donde justificó las razones de la expropiación impulsada en 2012 por la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
