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La justicia imputó a 14 personas que viven en Hornillos, en Finca El Pongo, entre ellas un niño de apenas 12 años. El conflicto en ese sector cercano al Parque Industrial Perico se inició hace varios meses con sucesivos intentos de desalojo de familias campesinas que habitan y trabajan en el lugar desde hace décadas. Desde entonces padecen hostigamiento, violencia y amenazas para que abandonen sus tierras.
Las abogadas que representan a las familias afectadas presentaron días atrás un habeas corpus colectivo que fue rechazado. «El juez de control, lejos de tomar acción para cesar la violencia institucional y el hostigamiento policial, decidió rechazar la petición, permitiendo que la situación de abuso se perpetuara», afirmó una de las letradas, Alejandra Cejas.
Pero el juez Javier Salvatierra -quien reconoció en audiencia que la orden de desalojo no está firme- no solo rechazó el habeas corpus sino que aceptó el pedido del fiscal Diego Funes e imputó por «usurpación por despojo y turbación» a 14 personas, entre ellas a Axel Ibáñez, de 12 años.
Cejas denunció que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) «le atribuyó una imputación sin especificar el delito y sin que se haya iniciado una investigación adecuada». En la Argentina, los menores de 16 años son inimputables, es decir, no pueden ser procesados penalmente.
Además del niño, están imputados Griselda Ibáñez, Gregoria Colque, Lorena Condorí, Nahuel Calizaya, Viviana Vargas, Eva Calisaya, Mirta Rodríguez, José Pablo Rosado, Rafael Herrera, Ema Miranda, José Cadena, Zaida Ibáñez y Domingo Soruco Anselmo.
Cejas y su colega Silvana Llanes aseguran que la acusación contra los miembros de la comunidad fue consecuencia del mismo habeas corpus que habían presentado para protegerlos. «En vez de ser protegidos, se ven perseguidos por el aparato judicial, lo que abre una profunda interrogante sobre la validez y el respeto por los derechos fundamentales», advirtió Cejas, y agregó: «Utilizar el habeas corpus para resolver una imputación es corrupción».
El martes pasado efectivos policiales armaron un cerco perimetral. Al día siguiente, los residentes del lugar se encadenaron para evitar que se concrete el desalojo y desde entonces se mantienen en alerta para resistir cualquier avance.
Este sábado recibieron el acompañamiento de referentes comunitarios de otros puntos de la provincia y llevaron adelante una asamblea para analizar la situación y coordinar acciones sobre todo de difusión del conflicto.
El hostigamiento hacia las familias que viven y tienen terrenos en ese sector se agudizó en los últimos días, con presencia policial permanente que llegó a reunir a un centenar de efectivos. En el lugar hay además máquinas del Ministerio de Producción y llegaron a cerrar pasos imprescindibles para la gente que habita la zona.
El conflicto se inició en enero pasado cuando Griselda Ibáñez recibió una orden de desalojo en plena feria judicial. La familia campesina Ibáñez habita desde hace varias décadas en la zona. En ese momento el desalojo no llegó a concretarse y se inició una batalla legal mientras esta y otras familias de la zona reciben amenazas y hostigamientos de manera permanente.
Según trascendió, el gobierno provincial pretende desalojar esas tierras para cederlas a una empresa china para construir una planta de elaboración de hidróxido de litio.
