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Luego que se conociera que el presidente Javier Milei vetó las leyes que proponen aumento en las jubilaciones y la declaración de emergencia en discapacidad, distintos sectores políticos de la oposición salió a repudiarlo. Desde Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y Somos Buenos Aires lo definieron, entre otras cosas, como «un acto de crueldad».
La diputada nacional por la Provincia de Córdoba, Natalia De la Sota, señaló en su cuenta personal de X: «Una vez más, Milei anula leyes del Congreso. En este caso, vetó los aumentos a jubilados, la ayuda a personas con discapacidad y la moratoria previsional. Propongo que todos, en el Congreso, rechacemos de inmediato la decisión del Presidente y demos vigencia a esas leyes».
En un mensaje breve pero claro, La senadora de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, hizo público su descontento. «Insistiremos», adjuntó como mensaje a la noticia del veto del Presidente.
Por su parte, desde el Frente de Izquierda, el diputado nacional del FIT-U, Nicolás del Caño, señaló: “El gobierno de Milei justifica cada veto diciendo que no hay plata, pero le regala millones a los patrones del campo bajando las retenciones y se hace aplaudir por los más ricos del país”.
Además, hizo hincapié en la necesidad de trasladar el descontento a las calles: “A los vetos de Milei hay que derrotarlos con la movilización más amplia y medidas de lucha, como un paro nacional, no con marchitas a San Cayetano”.
El diputado nacional de Encuentro Federal por la provincia de Santa Fe, Esteban Paulón, ha sido protagonista directo de disputas y ataques por parte del oficialismo, y en este caso, no tardó en pronunciar su repudio en redes sociales con un posteo que tituló «Más cruel no se consigue».
«Es oficial el veto de Javier Milei al incremento a las jubilaciones y mejoras para la atención a las personas con discapacidad. El gobierno nacional sigue recortando a quienes menos tienen. En Diputados tenemos que frenarlo!», publicó.
Vale destacar que el veto pretende anular un aumento real para los haberes y pensiones del 7,2% -excepto los regímenes especiales- y un incremento para el bono, que pasaría de $70 mil a $110 mil y se actualizaría por inflación.
