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La justicia otorgó la libertad condicional al genocida Martín Eduardo Sánchez Zinny, quien había sido condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. Es porque Casación cambió la calificación del delito a homicidio simple.
A tres años de la condena por crímenes de lesa humanidad a los integrantes de la patota del Regimiento de Infantería Mecanizada (RIM) 6 de Mercedes, el Tribunal Oral Federal 2 ordenó la libertad de Sánchez Zinny, un excarapintada que fue condenado por crímenes de lesa humanidad contra cinco personas, militantes del PRT-ERP que estaban vinculados a las revistas El Combatiente y Estrella Roja.
En el juicio que finalizó en agosto de 2022, ese Tribunal condenó a Sánchez Zinny, a Emilio Pedro Morello y a Horacio Linari a prisión perpetua como coautores del homicidio agravado de Jorge Emilio Arancibia, quien fue herido cuando intentaba escapar y luego rematado en el piso, y el secuestro de Pedro Oscar Martucci y Rocío Ángela Martínez Borbolla, madre de Bárbara y Camilo García, de Pablo Pavich y una persona sin identificar.
En el debate, un exconscripto reconoció a Sánchez Zinny como quien le disparó a Arancibia cuando había caído herido en el suelo tras intentar escapar.
“El hombre sale corriendo hacia la fábrica, cuando pasa el portón ahí le disparan (los soldados que estaban afuera) y cae en el piso. Sale Sánchez Zinny que andaba con una itaka recortada. Mientras caminaban empezó a los gritos, que estos son los hijos de puta, que matan a tu madre, a tu hermana. Empezó a dar una arenga. Cuando llegaron adonde estaba caído, y ahí es la parte que no me olvido nunca más en mi vida, que todavía me atormenta, Sánchez Zinny le vuela la cabeza de un itakazo. Le quedó la cabeza destrozada”, contó el testigo y recordó que luego gritó “Viva la patria”.
En junio del 2024, los jueces de Casación Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky consideraron que el asesinato de Arancibia se trató de un homicidio simple y no agravado. Sostuvieron que no hubo alevosía ni existió el concurso premeditado de dos o más personas, como había señalado el TOF 2 en la sentencia.
A partir de ese cambio de calificación, que aún no está firme, el juez Néstor Costabel del TOF 2 redujo la prisión perpetua a penas de entre 10 y 12 años, casi en el mínimo de la escala para ese delito, que es entre 8 y 25 años de prisión. Esa reducción habilitó a la defensa de Sánchez Zinny, representado por María Laura Olea y Ricardo Saint Jean, a reclamar la libertad condicional al haber estado detenido dos tercios de la pena.
El genocida Martín Eduardo Sánchez Zinny obtuvo la libertad condicional. Había sido condenado a prisión perpetua, pero por una resolución de Casación que todavía no está firme se redujo la condena a 12 años. Con dos tercios cumplidos, el TOF N° 2 de Comodoro Py lo liberó. pic.twitter.com/uC26JSLJv7
— H.I.J.O.S. Capital (@hijos_capital) September 22, 2025
Antes de tomar la decisión, durante agosto de este año los jueces el TOF 2 escucharon a Bárbara García, quien tenía 8 años cuando su madre fue secuestrada frente a ella y su hermano, que en ese momento tenía 4. La periodista dijo tener miedo de cruzarse con Sánchez Zinny, a quien reconoció durante el juicio como uno de los integrantes de la patota y como quien los amenazó y golpeó esa madrugada de 1976 mientras se llevaban a su mamá.
También resaltó, al igual que su abogado Pablo Llonto y el fiscal Felix Crous, la falta de arrepentimiento de Sánchez Zinny por los crímenes que cometió.
Sin embargo, los jueces no lo tuvieron en cuenta y este jueves Néstor Costabel, Rodrigo Gimenez Uriburu y Jorge Gorini decidieron darle la libertad condicional al represor hasta que finalice el cumplimiento de su pena. Sí establecieron como condición “evitar cualquier tipo de contacto con Bárbara García y Camilo Martín García”.
“Es un retroceso enorme. Siento que me metieron presa a mí, que vuelvo a los 9 años, cuando estaba totalmente en guardia. Siento que ganaron ellos y volví a perder”, señaló Bárbara en diálogo con Tiempo y añadió: “Así como perdí a mi mamá, ahora tengo que vivir el resto de mi vida esta pesadilla que con estos tipos no sabes qué le puede pasar a uno ni a los seres queridos”.
García consideró que este fallo fue posible por el contexto político ya que los abogados de Sánchez Zinny, Olea y Saint Jean son muy cercanos a la vicepresidenta Victoria Villarruel, y lamentó la falta de acompañamiento que tuvo del movimiento de derechos humanos. “Para uno que lo vivió, esto es lo peor que te puede pasar. La impotencia y ver que la justicia la siguen manejando los asesinos”, concluyó.
