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Tras un extenso e intenso debate, el Senado de Mendoza aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto San Jorge, un emprendimiento de explotación de cobre, mientras se desarrollaba fuera del recinto una masiva manifestación en contra de la iniciativa.
Con mayoría oficialista y un fuerte operativo de seguridad en las calles, el gobierno de Alfredo Cornejo logró avanzar con un proyecto que es cuestionado por sus riesgos sobre los escasos recursos hídricos de esa provincia.
La iniciativa, sellada con 29 votos a favor, seis en contra y una abstención, prevé extraer cobre en Uspallata con una inversión estimada en 560 millones de dólares.
Para las organizaciones sociales y ambientales, la decisión refleja una priorización de los intereses empresariales por sobre la protección de la cuenca del Río Mendoza, en medio de una crisis hídrica que afecta a toda la provincia.
El proyecto enviado por el gobernador Alfredo Cornejo tuvo el respaldo de Cambia Mendoza, el PRO y parte del peronismo. Se esperaba un rechazo unificado del PJ, pero hubo senadores que cambiaron su postura a partir de la documentación del Departamento General de Irrigación. Adriana Cano, Pedro Serra, Mauricio Sat, Mercedes Derrache y Alejandra Barro dieron su voto a favor del proyecto.
En contra votaron los peronistas Gerardo Vaquer y Sandra Gómez y los kirchneristas Félix González y Helio Perviú. También dieron su voto negativo Dugar Chappel (Partido Verde) y Flavia Manoni (Hacemos). La abstención fue de Duilio Pezzutti.
Armando Magistretti, del Partido Demócrata, y los legisladores de La Unión Mendocina, Ariel Pringles y Marcos Quattrini, a favor.
No solo se votó por el proyecto San Jorge. También se aprobó la declaración de impacto ambiental (DIA) para la exploración de Malargüe Distrito Minero Occidental II (MDMO II), con 27 propuestas mineras en ese departamento del sur mendocino. En ese caso, hubo 31 votos positivos y tres en contra.
El agua y el caso jujeño
El debate legislativo, que comenzó pasadas las 10 de la mañana, mostró profundas divisiones. Los senadores de Cornejo defendieron el proyecto, presentándolo como un “hito productivo” y una oportunidad para posicionar a Mendoza en el mapa minero.
En esa línea, cuestionaron los informes emitidos por la Universidad Nacional de Cuyo y el Departamento General de Irrigación.
Por su parte, Félix González (PJ) advirtió que la decisión, cuya aprobación se daba por descontada, “se va a judicializar”.
Desde el Partido Verde, Dugar Chappel remarcó que la experiencia de otras provincias mineras demuestra que la explotación no garantiza desarrollo local: “Salta y Jujuy son mineras y su pobreza no bajó. ¿Qué queda para Mendoza?”.
Aunque el gobierno asegura que el 90% del agua se recirculará en circuito cerrado, las organizaciones socioambientales sostienen que los controles son insuficientes y que el proyecto podría afectar de manera irreversible la cuenca del Río Mendoza.
Protestas por el riesgo ambiental
Mientras los senadores debatían, miles de personas se movilizaron desde Uspallata y el Valle de Uco hasta Plaza Independencia.
Con pancartas y cánticos que advertían “El agua no se negocia”, los manifestantes denunciaron la aprobación de un emprendimiento que consideran un riesgo ambiental y social. La policía mantuvo bloqueos y un fuerte operativo para controlar el tránsito y evitar incidentes.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) denunció que la DIA del proyecto San Jorge presenta “debilidades” y conlleva “riesgo de contaminación del agua”.
Advirtió que “traslada la resolución de riesgos ambientales a etapas futuras, configurando una autorización condicionada que viola la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) y la normativa provincial (Ley 5961 y Ley 7722)”.
En tanto, remarcó que “los dictámenes técnicos del Departamento General de Irrigación, la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo (FUNC) y el Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA) del CONICET señalan debilidades estructurales en el Informe de Impacto Ambiental (IIA)».
«Los riesgos ambientales, al haber sido diferidos, impiden medir el impacto y la compatibilidad del proyecto con el uso sustentable del agua”, afirmó la organización ambientalista.
El documento concluye que “en definitiva, la DIA fue otorgada sin contar con evidencia hidrogeológica esencial. Se difiere la definición de la línea de base del caudal y la calidad del arroyo El Tigre, condición indispensable para evaluar impactos”.
Además, el relevamiento difundido desde FARN señala que “el balance hídrico presentado en el informe ambiental utiliza datos desactualizados (2008-2010) y no considera la variable del cambio climático en la actualidad y sus proyecciones futuras. Los dictámenes técnicos advirtieron sobre el riesgo de drenaje de ácido de roca, señalando la insuficiencia de muestras presentadas: sólo 4 muestras, cuando deberían haber sido decenas”.
“Existe incertidumbre sobre la conectividad con el acuífero Yalguaraz/Lomada y la cuenca del río Mendoza, lo que constituye un riesgo significativo de contaminación subterránea”, agregó.
La organización ambientalista planteó, en línea con el reclamo popular, que “esta falta de certeza activa el principio precautorio que establece que no se debe avanzar con la actividad hasta tanto no se diluciden las incertidumbres sobre los peligros existentes para el ambiente”.
Sin embargo, el Senado aprobó el proyecto, que tampoco cuenta con el consentimiento de las comunidades indígenas de la zona.
Qué sigue
Con la ratificación legislativa, solo resta la promulgación del Ejecutivo para iniciar la ingeniería de detalle y, más adelante, la construcción de la mina, que podría extenderse hasta 2027.
Mientras el gobierno celebra un logro político, las asambleas ambientales ya anuncian nuevas movilizaciones.
