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Lo que comenzó como un cruce legislativo subió de temperatura y ya es una batalla abierta entre el radicalismo gobernante y la emergente alianza libertaria. El ring: la transparencia pública. Los protagonistas: una histórica que vuelve al ruedo, Cristina Guzmán, y el «espada» oficialista, Adriano Morone.
Guzmán: «Tienen fecha de caducidad»
La ex diputada nacional por el MPJ no anduvo con vueltas. Tras los cruces iniciales con el diputado Guido Luna, Guzmán disparó munición gruesa contra la gestión provincial, acusándola de usar maniobras para «tapar y limpiar» antes de un inminente fin de ciclo.
El punto más álgido de su denuncia fue la «siesta» del Boletín Oficial. Guzmán denunció que hay decretos que ven la luz con uno o dos años de demora y que todavía portan la firma de Gerardo Morales. “Es gravísimo; recién cuando se publican tienen vigencia. Están tratando de ocultar cosas”, lanzó la dirigente, sugiriendo que el oscurantismo administrativo es la regla y no la excepción.
La respuesta de Morone: «Vive en Buenos Aires y miente»
La réplica no tardó en llegar y fue con los tapones de punta. El diputado Adriano Morone (Frente Jujuy Crece) salió a cruzar a Guzmán acusándola de construir su ambición de gobernadora sobre una base de falsedades.
Morone apeló a la memoria histórica para golpear donde más duele: sugirió que Guzmán “no está acostumbrada” a los controles democráticos, en una clarísima alusión al pasado del MPJ durante la última dictadura militar. Pero no se quedó ahí; también le facturó el desarraigo: “Es fácil vivir en Buenos Aires y desinformar a los jujeños”, chicaneó.
Milei y el «acting» en el barro político
Para el oficialismo provincial, la movida de la Libertad Avanza es puro oportunismo electoral mientras el país cruje. Morone comparó las denuncias de Guzmán con las apariciones mediáticas del presidente: “Su acting fraudulento es tan lamentable como la exposición de Javier Milei en escenarios musicales en plena crisis”.
Finalmente, el diputado radical defendió la gestión actual sacando pecho por la Auditoría General, asegurando que desde 2015 las cuentas están rendidas, algo que —según él— es un hito histórico que la «longeva» dirigente prefiere ignorar.
