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El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, compareció este miércoles ante un tribunal de Los Ángeles donde testificó en un juicio que puso a su empresa en el punto de mira por los efectos nocivos de las redes sociales en los niños.
Una mujer de California, que contó haber usado Instagram de Meta y YouTube de Google desde la niñez, relató que esas aplicaciones alimentaron su depresión y sus pensamientos suicidas. Detalló que empezó a usar YouTube a los seis años, Instagram a los 11 y más tarde incorporó TikTok y Snapchat.
Las empresas de las dos últimas ya firmaron con la mujer acuerdos de compensación por daños y perjuicios.
La demanda sostiene que las empresas diseñaron sus servicios con el objetivo de volver adictos a los niños, pese a ser supuestamente conscientes de los efectos dañinos sobre la salud mental.
En definitiva, lo que está en juego es determinar si las redes sociales son realmente adictivas para los menores y hasta qué punto las plataformas pueden ser responsabilizadas por las consecuencias en la salud mental infantil.
El descargo de Zuckerberg
Meta y Google negaron las acusaciones. En particular, Meta citó una investigación de las Academias Nacionales de Ciencias según la cual las redes sociales no afectarían la salud mental de los niños.
Si Meta pierde el caso, tendrá que pagar una compensación al demandante y tal veredicto tendría un impacto en la credibilidad de las empresas de redes sociales, en un momento en que cada vez más gobiernos de todo el mundo están prohibiendo las aplicaciones para niños menores de 16 años.
Durante su comparecencia, Zuckerberg lamentó que su empresa haya demorado en la detección de menores de 13 años en Instagram, y aseguró que ya se habían implementado mejoras. “Siempre deseo que hubiéramos podido llegar antes”, añadió.
La semana pasada, el jefe de Instagram, Adam Mosseri, testificó en el juicio, rechazando rotundamente el concepto de adicción a las redes sociales. “Estoy seguro de haber dicho que era adicto a una serie de Netflix cuando la vi en exceso muy tarde una noche, pero no creo que eso sea lo mismo que una adicción clínica”, dijo Mosseri.
Correos exhibidos
El caso de Los Ángeles es uno de varios juicios contra empresas de redes sociales en Estados Unidos. Su resolución podría ayudar a establecer un estándar para resolver miles de otras demandas que culpan a las redes sociales de alimentar una epidemia de depresión, ansiedad, trastornos alimentarios y suicidio entre los jóvenes.
La cuestión está centrada en el diseño de las aplicaciones, los algoritmos y las funciones de personalización.
Para sostener la acusación los fiscales presentaron intercambios de correos electrónicos internos en los que Mosseri defendió la decisión de Zuckerberg de 2020 de permitir los filtros de cirugía estética en Instagram, apenas uno de los aspectos que preocupan a especialistas por su efecto en la salud mental de jóvenes.
Mosseri reveló que otros ejecutivos se opusieron firmemente, advirtiendo sobre los efectos nocivos de los filtros en las jóvenes. Y que quienes los apoyaban buscaban evitar perder cuota de mercado ante la creciente competencia de TikTok.
A los jurados también se les mostraron correos electrónicos de 2014 y 2015 en los que Zuckerberg explicaba su intención de aumentar el tiempo que los usuarios pasaban en la aplicación en porcentajes de dos dígitos.
Prohibiciones
La noticia se encuadra en una reacción global contra las plataformas de redes sociales impulsada por gobiernos que han aprobado o propuesto leyes destinadas a proteger la salud mental de los niños.
En Australia, ya entró en vigor la prohibición del uso de plataformas de redes sociales por parte de menores de 16 años.
En Francia, se está tramitando en el Parlamento un proyecto de ley para prohibir las redes sociales a usuarios menores de 15 años.
En España, se espera que el Consejo de Ministros apruebe una prohibición similar para menores de 16 años y la remita al Parlamento.
El canciller alemán, Friedrich Merz, anunció el miércoles que también estaría abierto a considerar una prohibición.
Noruega, Grecia, el Reino Unido, Dinamarca, Italia y los Países Bajos figuran entre los numerosos países europeos que están debatiendo algún tipo de prohibición.
