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Un informe de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) reveló una cifra preocupante: durante el año 2025, 48 personas privadas de su libertad murieron en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF). El dato representa un incremento del 20% respecto al año anterior, cuando se registraron 40 casos.
El documento del Ministerio Público Fiscal advierte que, si bien la población carcelaria creció, el aumento de muertes se explica también por las deficiencias en las condiciones de detención y el acceso limitado a la salud.
Los puntos clave del informe:
- Focos críticos: El Complejo de Ezeiza concentró la mayor cantidad de decesos (15 casos), seguido por Marcos Paz (5). El 67% de las muertes ocurrieron en el AMBA.
- Muertes prematuras: El promedio de edad de los fallecidos fue de 46 años. Sin embargo, casi la mitad de las víctimas (el 45,8%) tenía menos de 40 años, lo que la Procuvin califica como «muertes prematuras en contextos de encierro».
- Género y diversidad: En 2025 volvieron a registrarse muertes de mujeres (4 casos) y de una persona trans, poblaciones que no habían tenido fallecimientos en los dos años previos.
- Causas: * 34 muertes no traumáticas: Vinculadas a problemas de salud y seguimiento de patologías crónicas.
- 14 muertes traumáticas: Hechos violentos o situaciones que requieren investigación judicial específica. El promedio de edad en este grupo baja drásticamente a los 31 años.
El impacto del encierro
Un dato que resalta la Procuvin es el tiempo de permanencia: 13 personas murieron durante su primer año de detención, lo que expone fallas en la evaluación médica inicial al ingresar al sistema. Por otro lado, 15 personas fallecieron tras más de seis años de encierro, evidenciando el deterioro físico que produce la institucionalización prolongada.
El organismo concluyó que este escenario exige «revisar las condiciones estructurales del sistema federal» y fortalecer los controles en un contexto de creciente sobrepoblación carcelaria.
