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En una audiencia celebrada este viernes, el foco del conflicto judicial en la causa Vialidad se desplazó hacia el alcance del recupero patrimonial. El equipo legal de Cristina Fernández de Kirchner solicitó que se detenga el decomiso de 19 inmuebles que figuran a nombre de sus hijos, argumentando que estos bienes son ajenos a las maniobras investigadas.
El argumento de la defensa
Los abogados de la ex mandataria fueron contundentes al calificar la medida como un «acto de persecución política enmascarado». Sus principales ejes de defensa son:
- Origen legítimo: Sostienen que las propiedades fueron adquiridas o heredadas de forma legal y que no tienen vínculo con la causa de obra pública en Santa Cruz.
- Vulneración de derechos: Argumentan que incluir estos bienes afecta el derecho de propiedad y el principio de inocencia de terceros que no fueron alcanzados por la condena judicial.
La postura de la Fiscalía
Del otro lado del estrado, el fiscal ante la Cámara de Casación, Mario Villar, mantuvo una postura firme. El representante del Ministerio Público solicitó el rechazo de los recursos presentados por las defensas, argumentando que los bienes deben ser integrados al proceso de ejecución de sentencia para cumplir con el monto del decomiso establecido.
Un monto millonario en juego
El trasfondo de esta disputa técnica es la ejecución de la condena por administración fraudulenta, que impuso un decomiso total de $684.990.350.139,86 en concepto de reparación al Estado.
La resolución de la Cámara Federal de Casación Penal será determinante no solo para el futuro de las 19 propiedades en cuestión, sino para definir la eficacia real del recupero de activos fijado por la justicia en este proceso. Mientras tanto, la tensión política y judicial sigue escalando a la espera de un fallo definitivo que establezca hasta dónde llegará el alcance de la sentencia sobre el patrimonio familiar.
