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El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa) se encamina hacia una transformación radical. En medio de un colapso financiero que suma un déficit de 250 mil millones de pesos, el Gobierno nacional oficializó mediante el Decreto 88/26 la disolución del organismo y su división en dos nuevas entidades: una para las Fuerzas Armadas y otra para las fuerzas de seguridad.
César Mamani, delegado de ATE-Jujuy, alertó sobre la crítica situación que ya golpea la atención médica en varias provincias, donde los afiliados sufren la interrupción de prestaciones y falta de medicamentos. Aunque en Jujuy el impacto es, por ahora, moderado, la incertidumbre reina en todo el país.
El silencio oficial y la amenaza laboral
El punto más alarmante de la medida es el vacío legal respecto a los 2.500 trabajadores civiles que hoy sostienen la estructura administrativa y de gestión de la obra social.
«El decreto no establece qué pasará con los empleados. No hay certezas sobre la estabilidad laboral, ni sobre quiénes quedarán afuera en esta reorganización», denunció Mamani. El dirigente sindical reveló además que desde las nuevas autoridades —lideradas por el administrador designado, el coronel retirado Guzmán— existe una bajada de línea para que el personal evite declaraciones públicas sobre la crisis.
Desde ATE rechazaron cualquier intento de silenciamiento y anticiparon que mantendrán el plan de lucha. «No podemos callar. Nuestra prioridad es garantizar la estabilidad laboral en este proceso de transición de un año», concluyó Mamani.
Mientras el Gobierno avanza con la reestructuración, miles de familias vinculadas a las fuerzas aguardan definiciones que, hasta el momento, siguen siendo una incógnita.
