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La Suprema Corte de Justicia, la Oficina de Niños, Niñas y Adolescentes (ONNA) y el Instituto Provincial de Juegos de Azar (Inprojuy) firmaron un convenio de cooperación para impedir el ingreso de personas inscriptas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) a los establecimientos de juego de la provincia.
La medida busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y proteger los derechos de menores de edad.
El acuerdo, rubricado este jueves, establece mecanismos de intercambio de información y controles técnicos para hacer efectiva la restricción. Según explicaron las autoridades, el objetivo es utilizar herramientas de presión sobre quienes incumplen con la cuota alimentaria, afectando el sustento, la educación y la salud de sus familias.
Implementación y protocolos
Desde la Suprema Corte de Justicia destacaron que el incumplimiento de estas obligaciones genera una situación de vulnerabilidad extrema. En ese sentido, remarcaron que el Estado debe generar herramientas concretas para enfrentar este flagelo, avanzando en la implementación efectiva de la Ley N° 6498.
El próximo 6 de mayo se llevará a cabo la primera reunión con jueces de familia para establecer los protocolos necesarios. Este encuentro permitirá definir cómo se aplicará operativamente la restricción en las salas de juego y cómo se actualizará la base de datos de los deudores en tiempo real.
Datos del registro
La Secretaría de Justicia de la Provincia informó que el Registro de Deudores Alimentarios Morosos opera de manera diaria y ya ha emitido más de 30.500 certificados desde su creación. Con este nuevo convenio, el registro deja de ser un mero listado administrativo para convertirse en una base de datos de control activo en espacios de recreación y azar.
Por su parte, desde el Inprojuy señalaron que la colaboración es fundamental para el bienestar social, integrando esta medida dentro de las políticas de regulación del juego responsable y el control de la actividad en todo el territorio provincial.
