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Los legisladores radicales Pablo Baca y Carlos Amaya visitaron ayer la planta de Electroquímica El Carmen, donde se reunieron con los trabajadores que desde hace una semana reclaman ante la falta de pago y las condiciones de inseguridad laboral y ambiental.
Exigen la intervención del gobierno provincial para que se garanticen los derechos de los trabajadores expuestos a una situación de alto riesgo social, por la deuda salarial que mantiene la empresa y el eventual cierre de la planta. Pero, además, expuestos también a riesgos sanitarios y ambientales por las deplorares condiciones en las que se encuentran las instalaciones industriales.
Los trabajadores –según el relato efectuado a los legisladores- carecen de los servicios de una obra social, por la falta de aportes de la empresa y tampoco cuentan con Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART), de manera que carecen de resguardos para su salud y su seguridad.
Baca, presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, y Carlos Amaya, titular de la Comisión de Trabajo de la Legislatura, expresaron su preocupación tras escuchar los reclamos de los trabajadores y recorrer las diversas dependencias de la fábrica que produce ácido bórico, agro boro, sulfato de aluminio, hipoclorito de calcio, sulfato de zinc.
Los trabajadores precisaron que recientemente se produjeron 15 despidos, con lo cual quedaron prestando servicios 18 trabajadores de planta y 10 trabajadores en negro que se hizo figurar como integrantes de una Cooperativa. A ellos se les deuda los salarios de noviembre, diciembre, medio aguinaldo y una ayuda extraordinaria de 3000 pesos que se había dispuesto para los trabajadores del sector.
Indicaron que en sede de la Dirección de Trabajo la empresa no acató la conciliación obligatoria dictada por la autoridad laboral, aduciendo que la Nación le adeuda 2 millones de pesos. Los trabajadores sospechan que la empresa ha renunciado a sostener la planta de producción de derivados de minerales, entre otros el borato.
Asimismo, los obreros pusieron de relieve que la empresa no ha realizado las inversiones necesarias y ha permitido un deterioro paulatino que hoy es escandaloso.
Los legisladores, por su parte, observaron que es inaudito el deterioro de la planta y las maquinarias, prácticamente en estado de ruinas. Observaron que existen deficiencias graves que importan una amenaza a la integridad y la vida misma de los obreros. Mencionaron falencias eléctricas, como la presencia de cables en contacto con agua, en zonas de labor de los operarios.
Amaya señaló que desde la UCR se efectuarán las gestiones necesarias para garantizar que se respeten los derechos de los trabajadores, se aborde la crisis social que representa 30 trabajadores que son jefes de familia y se encuentran actualmente sin ingresos, por la deuda que acarrea la Electroquímica.
“No hubo inversiones y no hubo mantenimiento” afirmaron los trabajadores y observaron que “si la planta se encuentra prácticamente inservible es porque hubo una decisión empresarial de llevarla a este estado”. Los legisladores Baca y Amaya consideraron que a ello debe sumarse la responsabilidad del Estado que tiene en sus manos el poder de policía laboral y ambiental.
Finalmente los diputados Baca y Amaya anunciaron que efectuarán las gestiones necesarias para que se aborde el drama social de las familias de los trabajadores, se garanticen los derechos laborales, como así también los derechos a la salud y a un medio ambiente laboral seguro, pero además precisaron que seguirán con atención el desarrollo del conflicto porque la ruinosa planta, podría convertirse en un nuevo pasivo ambiental, con afectación de derechos colectivos.
